REDACCIÓN- A modo de reclamo social, y en ocasión del Día Internacional de la Mujer, representantes del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), presentaron el informe “Las deudas y moras sociales del país con las mujeres”, donde se desglosan algunos de los flagelos que sufren las féminas dominicanas.
Uno de los datos más alarmantes, según el documento, es que más de 200,000 mujeres perdieron sus empleos durante la crisis ocasionada por la pandemia; esta cifra devela que la tasa de ocupación de las mujeres es de 45.7%, muy inferior al 73.1% que exhiben los hombres.
En voz de la vicerrectora del centro, Alliet Ortega, el informe recalca que el Estado tiene la responsabilidad de desarrollar políticas públicas que ayuden a contrarrestar esta realidad, y que allanen el camino para que las mujeres tengan oportunidades dignas en el mercado laboral, sin diferencias respecto a los hombres.
Otro punto en el que incide el documento es el de la mortalidad materna, como consecuencia de una baja calidad en la prestación de servicios sanitarios, así como la desatención de los derechos sexuales y reproductivos de las dominicanas. De acuerdo con el informe, la tasa de mortalidad materna en el país llegó hasta 169 por cada 100 000 nacidos, superior en un 23 % a la del año 2020.
De igual modo, “Las deudas y moras sociales del país con las mujeres” pone su atención en los embarazos a temprana edad, y certifica que en 2021 se registraron más de 25 000 partos de adolescentes con edades de entre 10 y 19 años de edad. Por otra parte, el documento también resaltó los feminicidios, los cuales hasta 2020 ocurrían a razón de 2,4 por cada 100 000 mujeres, y cuya tasa de incidencia ubican a República Dominicana en el segundo lugar de América Latina, de acuerdo con cifras de la CEPAL.
En suma, el documento denunció, entre otros males, la pérdida de empleos, las altas tasas de mortalidad materna y feminicidios, el bajo acceso a métodos anticonceptivos, la precariedad de los servicios sanitarios, la falta de educación sexual y la inexistencia de una política integral de atención a la violencia.
