SANTO DOMINGO.- Este lunes se vence el plazo para que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presente la acusación formal en contra del exjefe de seguridad presidencial de Danilo Medina, el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rossy Guzmán y demás imputados en el caso de corrupción “Operación Coral”.
En el mes de febrero, el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, favoreció al Ministerio Público con dos meses para completar y depositar los documentos acusatorios. El magistrado fijo para el 16 de abril la fecha de vencimiento de la prórroga, sin embargo fue pospuesta para hoy 18 de abril por motivo de la Semana Santa.
En caso de que el órgano judicial no cumpla, los fiscales de la Pepca podrían se intimados por el juez Raymundo Mejía para que cumplan con el depósito de la acusación formal, si no correrían el riesgo de que el proceso judicial sea declarado extinguida, como lo establece el Código Procesal Penal.
“Vencido el plazo de la investigación, si el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez en los cinco días siguientes, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de quince días. Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, dice el artículo 151 de Código Procesal Penal.
Sobre el caso
En mayo del pasado año el Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En tanto que contra Raúl Alejandro Girón Jiménez se ordenó el arresto domiciliario por razones de seguridad, por cooperar con la investigación del Ministerio Público.
Los imputados guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que fue declarado de tramitación compleja.
El grupo incurrió en los delitos asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El entramado criminal desmantelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente, con el abultamiento de la nómina.
El Ministerio Público estableció, en el transcurso del proceso judicial, que los imputados realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.
Estas acciones contra la corrupción administrativa se suman a las realizadas por la Operación Coral 5G, por la que también fueron impuestas medidas de coerción a 13 personas, la mayoría con prisión domiciliaria y preventiva, incluyendo a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Juan Carlos Torres Robiou (FARD) y Julio Camilo De los Santos Viola (FARD), quienes desde diciembre pasado cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
