SANTO DOMINGO.- Ante el incremento de la “brutalidad policial” en la República Dominicana, el senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Yván Lorenzo, solicitó mediante una resolución intervención de Amnistía Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (en español Observatorio de Derechos Humanos).
En el documento, el legislador por la provincia Elías Piña establece que es necesario la colaboración de estas organizaciones en una exhaustiva investigación técnica y objetiva en el marco de los derechos humanos sobre los hechos de “violencia policial” que están afectando a la seguridad personal de los dominicanos y dominicanas.
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En los últimos meses han ocurrido supuestos asesinatos de civiles a manos de policías y/o en custodia del cuerpo policial, sin las sanciones ni las investigaciones correspondientes que aclaren estos hechos de violencia policial.
Recordó algunos de los casos de homicidios provocados por policías como: el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado por parte de un raso de la Policía, el joven de 27 años Robinson Ramón Méndez Mancebo asesinado por un coronel de la Policía.
También señaló el joven Delfín Sabina, de 26 años fue ejecutado por una barrera policial, los predicadores evangélicos Eliza Muñoz y Joel Díaz murieron acribillados por la Policía.
Además agregó, el abogado Raymeni Alexis Castillo murió a causa de un disparo propinado por un agente de la uniformada, con 18 años, Nicole Ureña Manzueta recibió un disparo en la espalda de un cabo y el abogado Argenis Martínez Grullón se convirtió en otro muerto en custodia, la Policía lo asesinó luego de haber sido apresado.
Documento
Resolución que solicita la intervención de Amnistía Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (en español Observatorio de Derechos Humanos) ante el incremento de la brutalidad policial en la República Dominicana.
Considerando primero: Que la Policía Nacional tiene como misión principal salvaguardar la seguridad ciudadana y mantener el orden público para proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica de conformidad con la Constitución y las leyes;
Considerando segundo: Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en su informe anual sobre derechos humanos denuncia sobre asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad, destacando la tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno, así como la detención ilegal de civiles;
Considerando tercero: Que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), más de 4.000 personas murieron durante enfrentamientos con la policía o las fuerzas de seguridad entre 2010 y abril de 2021;
Considerando cuarto: Que, según la Procuraduría General de la República, hasta octubre de 2021 la policía había asesinado a un total de 41 personas, pero se desconocía el número exacto de ejecuciones extrajudiciales;
Considerando quinto: Que la impunidad es una problemática dentro de fuerzas de seguridad como la Policía Nacional, además, existen informes de que a pesar de que la ley prohíbe la tortura, los golpes y el maltrato físico, miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente policías, llevaron a cabo estas prácticas;
Considerando sexto: Que en los últimos meses han ocurrido asesinatos de civiles a manos de policías y/o en custodia del cuerpo policial, sin las sanciones ni las investigaciones correspondientes que aclaren estos hechos de violencia policial;
Considerando séptimo: Que podemos citar algunos de los casos de homicidios provocados por policías como: el asesinato de la arquitecta Leslie Rosado por parte de un raso de la Policía, el joven de 27 años Robinson Ramón Méndez Mancebo asesinado por un coronel de la Policía, el joven Delfín Sabina, de 26 años fue ejecutado por una barrera policial, los predicadores evangélicos Eliza Muñoz y Joel Díaz murieron acribillados por la Policía, el abogado Raymeni Alexis Castillo murió a causa de un disparo propinado por un agente de la uniformada, con 18 años, Nicole Ureña Manzueta recibió un disparo en la espalda de un cabo, el abogado Argenis Martínez Grullón se convirtió en otro muerto en custodia, la Policía lo asesinó luego de haber sido apresado;
Considerando octavo: Que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (en español Observatorio de Derechos Humanos) han alertado en varias ocasiones sobre violaciones a los derechos humanos en la República Dominicana;
Considerando noveno: Que se hace necesario la colaboración de estas organizaciones en una exhaustiva investigación técnica y objetiva en el marco de los derechos humanos sobre los hechos de violencia policial que están afectando a la seguridad personal de los dominicanos y dominicanas, de manera que, su experiencia y conocimiento en materia de derechos humanos es sumamente importante para determinar las causas y razones de los homicidios policiales, así como en el proceso de reforma de los cuerpos policiales;
Considerando décimo: Que el Estado debe propugnar porque los cuerpos policiales tengan formación en derechos humanos y respeto a la integridad personal de los civiles;
Considerando décimo primero: Que el Senado de la República en sus atribuciones de representación, debe velar porque se cuente con la colaboración internacional que facilite la implementación de políticas públicas que contribuyan a la seguridad ciudadana de la población.
Vista: La Constitución de la República;
Vista: La Ley No. 1-12, del 25 de enero de 2012, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030;
Vista: La Ley No. 590-16, del 15 de julio de 2016, Orgánica de la Policía Nacional;
Vista: El reglamento interno del Senado.
RESUELVE:
Primero: Solicitar una exhaustiva investigación técnica y objetiva de Amnistía Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (en español Observatorio de Derechos Humanos) sobre la violencia policial en la República Dominicana.
Segundo: Comunicar esta resolución a Amnistía Internacional, a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Human Rights Watch (en español Observatorio de Derechos Humanos).
Iniciativa presentada por…
Dada…
Aris Yvan Lorenzo Suero
Senador de la República
Provincia Elías Piña
