Santo Domingo.- El general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), uno de los principales señalados en el caso Coral 5G, acudió a los tribunales para que ordene al Ministerio Público que le entregue documentos bancarios y comunique de una auditoría hecha por la Contraloría General de la República al Cuerpos de Seguridad Turística (Cestur).
No obstante, igual que como pasó con otros imputados en el caso de corrupción Coral y Coral 5G, el juez se declaró incompetente, en virtud de que la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional es la apoderada de la acusación del caso y tiene pendiente escoger un juzgado para que se encargue del proceso penal.
Según la información de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la red de corrupción de la que Torres Robiou formaba parte (Coral y Coral 5G) manejó al menos 4,500 millones de pesos.
La estructura se destacaba por la creación de empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de estas instituciones para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, los cuales nunca fueron entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.
