PERÚ.- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión, fue trasladado este viernes a un hospital de Lima tras sufrir una «descompensación» en su estado de salud, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
A través de un mensaje en Twitter, el INPE anunció que Fujimori, de 83 años, fue trasladado de la prisión de Barbadillo «al hospital de (el seguro social) Essalud de Vitarte debido a que sufrió una descompensación en su estado de salud».
El exgobernante tuvo un episodio similar hace un mes, tras el cual su hija Keiko Fujimori explicó que había sufrido un cuadro de fibrilación auricular y, por ese motivo, fue internado en la unidad de cuidados intermedios de una clínica privada.
Fujimori ha sido internado en los últimos meses en varias ocasiones por presentar problemas cardíacos y fibrosis pulmonar, y también padece de gastritis y unas lesiones en la lengua conocidas como leucoplasia, que son consideradas precancerígenas.
El ex jefe de Estado cumple una sentencia dictada en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que provocaron la muerte de un total de 25 personas, así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el «autogolpe» de 1992.
El pasado 8 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado peruano que se abstenga de cumplir una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Tras conocerse la decisión del tribunal internacional, su hija mayor y actual líder opositora aseguró que no pierde la fe de que su padre sea liberado, y calificó el fallo como «absolutamente injusto para una persona enferma y de avanzada edad» a la que causa «muchísimo dolor».
La excongresista y excandidata presidencial, procesada actualmente por presunto lavado de activos, dijo entonces que «las últimas decisiones legales» tomadas por la CorteIDH «sin duda han afectado la salud» de su padre.
La CorteIDH también requirió al Estado de Perú que presente un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar por los casos Barrios Altos y La Cantuta, perpetrados por el grupo militar encubierto Colina, en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el TC.
