SANTO DOMINGO.- La fiscal de Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que la entidad se pronunciará de manera formal esta semana sobre la petición del confeso asesino del ministro Orlando Jorge Mera, Miguel Cruz, de hablar con la prensa nacional.
“El mismo día que se conoció la medida de coerción, el señor tuvo la oportunidad de conversar con la prensa, y no lo hizo, por la razones que entendiera pertinente”, expresó la abogada en el programa Matinal del Grupo de Medios Telemicro.
Agregó que en la audiencia, donde le fue dictada un año meses de prisión preventiva, se estableció que no iba hablar por recomendación de su defensa, al tiempo aclaró que no se le violentaron sus derechos al imputando para dar declaraciones ante los medios de comunicación.
P. ¿Hay alguna limitación en el orden jurídico a discreción del Ministerio Público?
R: “Precedentes de que se hiciera de una solicitud como esa, no la hay si ustedes han visto que casos muy importantes la prensa ha tenido participación, donde ha podido estar desde la medida de coerción, que siempre se estila que es para las partes”.
Sobre el termino “confeso asesino”
Rosalba Ramos explicó que hubo una confusión porque el acusado admitió ante el padre de la Parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, lugar donde fue apresado, que habría matado a un hombre.
“Todo recordamos, que cuando él fue apresado en la iglesia, ahí participó el padre, entonces en la misma medida de coerción se hablaba de confesión, entonces ahí puede entrar una confusión: confesión por el sacramento bajo la confidencialidad que se hace o como nosotros los abogados de que confesó, (que admitió), entonces en la información que está en los medios es que cuando llega a la iglesia él dice, no bajo el juramento de la confesión, que había matado a un hombre a eso es que no referimos”, indicó.
Asesinato al ministro Orlando Jorge Mera
El Ministerio Público que Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota (Carandai), imputado en el asesinato del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con quien mantenía una vieja amistad, se presentó el 6 de junio del 2022 alrededor de las 10:50 de la mañana, y de manera violenta, a la oficina del director Nacional de Medio Ambiente, Juan Manuel Cuervo Desangles.
En el antedespacho de Cuervo Desangles golpeó en la frente a Alfonso María Mendoza Rincón, asistente del ministro, mientras reclamaba: “Hice campaña y no me resuelven”, al tiempo que le anunciaba que subiría al despacho del ministro.
En ese contexto, Cuervo Desangles alertó sobre la actitud de Cruz de la Mota a Carmen Maribel Peralta Cuevas, coordinadora del despacho del ministro, quien de forma disimulada buscó al sargento mayor de la Policía Nicolás Montero, a quien el imputado también encaró en forma violenta.
Cruz de la Mota pasó enseguida al despacho de Jorge Mera, quien concluía una reunión con varios colaboradores e intentó cerrar la puerta. En ese momento, el funcionario le pidió esperar, se paró en la puerta de su despacho y manifestó al agente Nicolás Montero y a dos empleadas: “Miguel es mi amigo, Miguel es mi hermano, es mi hermano, ¿para qué seguridad?”.
Tras terminar la reunión interna, Jorge Mera procedió a dar paso a Cruz de la Mota y cerró la puerta del despacho alrededor de las 12:00 del mediodía.
Muy pocos minutos después, Cruz de la Mota, sin mediar discusión, “ejecutó su plan de asesinar al Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana”.
La medida, presentada por el Ministerio Público a través del fiscal titular interino Kelvyn Colón Rodríguez y la fiscalizadora Carolin Junesca de Oleo Santana, indica que el imputado asestó seis disparos a la víctima, incluyendo heridas a distancia y de contacto, “lo que evidencia que no se conformó con dispararle a distancia, sino que luego le hace disparos de contacto al cuerpo mortalmente herido”.
Señala que el accionar muestra una acción criminal que evidencia una conducta típica de “un asesino frío y calculador”.
Enfatiza que se trató de un crimen planificado, que las evidencias muestran que se encontraba en un estado de inconformidad por la negación de un permiso para la empresa Aurum Gavia, S.A., la cual se encuentra bajo investigación, y que había solicitado para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas.
“Las evidencias muestran que el imputado había estado tratando de que se le otorgaran múltiples permisos, pero se quejaba de forma airada de que no le resolvían nada e incluso esta situación provocó que hace menos de un mes amenazara al consultor jurídico del ministerio, Edilio Segundo Florián Santana”, dice la medida.
Tras cometer el crimen que había planificado, Cruz de la Mota se vio impedido de salir del edificio en su vehículo, una Toyota, modelo Rush G, color negro, año 2019, placa no. G456640, que había estacionado en el sótano del ministerio.
En medio de la confusión de salida de empleados del ministerio, el homicida abandonó el edificio por la puerta principal y abordó una motocicleta en la que se desplazó hasta la Parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, ubicada en la calle San Pío X, de la Urbanización Renacimiento, donde hizo contacto con el cura José Arismendy León Helena.
Mientras estaba en la iglesia, el imputado llamó varias veces a su hija para que pasara a buscarlo a la iglesia, lo cual evidencia su intención primaria de no entregarse para evadir a la justicia.
Pero, al percatarse de la imposibilidad de que la hija lo sacara del lugar, informa al sacerdote que había matado a un hombre.
Los fiscales que investigaron el caso establecen que el imputado se dirigió hasta la iglesia por la única razón de no poder salir en el vehículo en el que llevaba una maleta con dinero y documentos, que apuntan a que tenía la intención de escapar una vez cometido el hecho de sangre que había planificado.
En el vehículo propiedad del imputado ocupado en el sótano del edificio había un Mini Uzi, calibre 9mm., serie No. MV-CB50492, con dos cargadores con 30 cápsulas cada uno. Además, un maletín con cuatro cargadores con capacidad para 30 cápsulas, conteniendo dos de los cargadores 30 cápsulas cada uno.
Otro de los cargadores contenía 11 cápsulas calibre 9 mm. Había también varias comunicaciones referentes al expediente de la empresa Aurum Gavia, S.N., un sobre con una manilla de 90 billetes de RD$2,000 (RD$180,000) y un reloj Cartier Roadster.
El Ministerio Público otorga al hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, y 66 y 67 de la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
