QUITO.- Una nueva masacre se registró este lunes en la Cárcel Número 1 de la ciudad tropical de Santo Domingo de los Colorados, en el centro-norte de Ecuador, con 13 reclusos asesinados y dos heridos, lo que elevó a más de 400 la cifra de fallecidos desde 2020 en el sistema penitenciario del país.
Si en 2020 fueron 46 los presos asesinados en sanguinarios enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárcel, la cifra se disparó en 2021 hasta alcanzar los 316, mientras que en este 2022 ya suman cerca de 80.
Un marcado hacinamiento y la facilidad que tienen las bandas criminales para esconder armas en las prisiones han ubicado al sistema carcelario como uno de los focos críticos de una espiral de violencia que incluso ha rebasado los perímetros de las prisiones.
Y es que la masacre, como otras ya registradas en el país, ha estado cargada de crueldad, con reclusos decapitados o mutilados en macabras imágenes que han circulado en redes sociales.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, al hacer una evaluación de la nueva masacre, se lamentó del «perfil psicológico» de los asesinos y atribuyó la masacre a una de las bandas que buscaba controlar la prisión.
44 MUERTOS EN MAYO
En esa misma cárcel, en mayo pasado, un hecho similar dejó 44 personas fallecidas y diez heridas.
Carrillo aceptó que la situación en las cárceles no presenta las garantías requeridas para asegurar el control de las prisiones y dijo confiar en que los planes y presupuestos estimados (200 millones de dólares) para acometer mejoras en el sistema penitenciario permitan alcanzar pronto los objetivos previstos.
La inclusión de 1.400 nuevos guardias penitenciarios, con perfiles académicos más especializados en criminalística o psicología, podrían permitir el cumplimiento de la tarea de pacificación en las cárceles, como prevé el Gobierno, aunque no se puede entender el perfil psicológico de quienes perpetran este tipo de crímenes, insistió el ministro.
Asimismo, dijo que entre las acciones para mitigar la situación en la cárcel de Santo Domingo se continuará con una política de traslados de reos considerados peligrosos a «La Roca«, una cárcel de máxima seguridad en la ciudad portuaria de Guayaquil.
Carrillo añadió que las investigaciones continuarán para determinar los motivos de la masacre y no consideró que se deba culpar de la situación a las autoridades del centro penitenciario, aunque no descartó que puedan haber acciones en ese ámbito para intentar mejorar las garantías.
CÁRCELES «AUTORREGULADAS»
Sin embargo, para especialistas en temas de seguridad como Carolina Andrade, el problema es que se ha instaurado una «política de la autorregulación» en las cárceles.
«No podemos normalizar las violencias que vivimos en Ecuador» ni «normalizar la incapacidad de tomar decisiones», apuntó a Efe Andrade, tras asegurar que lo sucedido en la cárcel de Santo Domingo «demuestra que nada ha cambiado desde la última masacre carcelaria».
Ella criticó que el Gobierno tampoco haya aplicado unas recomendaciones presentadas en marzo pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como contar con un presupuesto acorde, la formulación de una política de rehabilitación social, el desarrollo de un censo carcelario, la ejecución ordenada de indultos y una recategorización adecuada de los reclusos.
«Pasa el tiempo y se confirma que la política del Gobierno de Guillemo Lasso es no hacer nada. Es la política de la autorregulación al interior de las cárceles», insistió la experta.
Ella incluso tomó las palabras del sacerdote y psicólogo Luis Barrios, que actúa como asesor de la Comisión de Pacificación de las cárceles organizada por el Gobierno, quien alertó sobre la ausencia del Estado en las prisiones.
«Son las organizaciones criminales quienes controlan las cárceles», coincidió Andrade al lamentar de que «sólo se han dado respuestas parches, insostenibles en el tiempo», mientras «siguen matando, extorsionando, desapareciendo, asaltando y violentando la vida de los ecuatorianos».
