Santo Domingo.-La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), inició una investigación a raíz de un informe especial presentado por la Contraloría General de la República de un alegado fraude por desfalco contra el Estado dominicano valorado en más de 17 mil millones de pesos durante la gestión del presidente Danilo Medina.
De acuerdo al acta de autorización de información financiera, ordena a las superintendencias de Bancos, Valores, a la DGII y al Idecoop proveer las informaciones requeridas por la Pepca para la investigación de un total de 209 personas físicas y jurídicas. La investigación fue emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino.
“El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compras a y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”, dice el acta.
Agrega que aunque el principal imputado en el caso es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, también están incluidos los exfuncionarios Emilio César Rivas Rodríguez, director de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, director Nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, administrador del BanResrevas; Luis Baldemiro Reyes Santos, Director de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, Contralor General de la República; Princea Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros funcionarios y subordinados.
Indica que el informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República indica que en la mayoría de los casos se verificaron diversas incongruencia entre los nombres de las personas asentadas como los titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos, los cuales fueron asumidos como errores fueran tipográficos por los técnicos evaluadores de los documentos, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos establecidos en las leyes por las autoridades competentes, situación que también fue observada en los nombres y apellidos de los servidores públicos actuantes en las diferentes etapas administrativas para el proceso de pago.
