SANTO DOMINGO.- El robo de una bebé en una de las maternidades más grandes de República Dominicana desató una caja de pandora, sobre todo porque dejó al descubierto la falta de seguridad en los centros asistenciales y la ligereza en las sanciones para quienes comenten ese tipo de delito.
Estos hechos traen a colación la necesidad de modificar el código penal que sucumbe en el congreso desde hace más de 20 años, el mismo establecería mayores penas para quienes roben niños, pues el actual solo estipula una condena máxima de dos años de prisión a quien rapte un bebé.
El rapto alarmó a toda la sociedad, que atónita se preguntaba cómo puede pasar algo así en un centro asistencial donde se supone la seguridad debe estar garantizada.
No es la primera vez que ocurren hechos como este, pues dos principales maternidades de la capital, Nuestra Señora de La Altagracia y Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, guardan en sus instalaciones casos de escándalos y denuncias de estos tipos que han causado conmoción en la población.
Lo ocurrido el pasado fin de semana deja al desnudo una vez más la ineficiencia en los mecanismos de seguridad que se implementan en los hospitales públicos, donde precisamente acuden la mayoría de las parturientas, aquellas que no cuentan recursos para costear un parto.
El más reciente escándalo, que por obra divina terminó bien para esa familia porque si recuperaron la bebe, pero no todos corren con la misma suerte.
El senador Cristóbal Venerado Castillo, es el creador de un proyecto de ley que crea la protección y seguridad de los niños y niñas recién nacidos en las instituciones hospitalarias de la República Dominicana.
El proyecto establece:
–La colocación de brazaletes en cada niño recién nacido mientras permanezca en el hospital.
– colocar cámaras de videos en circuito cerrado y un equipo de grabación en el área de recién nacidos.
-Que los ascensores, pasillos, entradas y salidas de las escaleras estén vigilados 24 horas.
-Impone la pena de 20 a 30 años a quienes roben o secuestren un infante y multa de 50 a 100 salarios mínimos.
