SANTO DOMINGO.– La inspección técnica vehicular que anunció el El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y que provocaría el pago de miles de pesos por parte de los dominicanos, de acuerdo al diputado Tobías Crespo, de cada revista cobrada un 10 % iría al gobierno y el 90% restante a una empresa privada, lo que, sin dudas, representa un fideicomiso disfrazado que a todas luces viola la ley 63-17.
De acuerdo a Tobías Crespo proponente de la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, jamás el espíritu de la normativa tuvo la intención de perjudicar el bolsillo del dominicano.
“Esta inspección viene a dar cumplimiento al artículo 166 de la Ley 63-17, que establece que “los vehículos de motor serán revisados técnicamente cada año por el Intrant, de manera que no constituyan peligro para los usuarios ni el medioambiente y los de menos de tres años de fabricación estarán exentos de esta revisión”, indicó Hugo Beras, al tiempo de afirmar que esta acción también va de la mano con la reforma del transporte que se propulsa desde el Gobierno.
“Los vehículos que no cumplan con las condiciones idóneas de seguridad para circular por las calles, carreteras y avenidas del país tendrán que salir de circulación por medio de la chatarrización y los demás tendrán que ajustarse a la normativa; la cual establece que sus propietarios los mantengan en óptimas condiciones para garantizar la seguridad vial”, indicó Hugo Beras.
