SANTO DOMINGO.- La procuradora adjunta de la Procuraduría, Yeni Berenice Reynoso, tras el aplazamiento de medida de coerción contra los imputados en el caso de corrupción “Operación Calamar”, expresó que hay pruebas suficientes para demostrar los actos delictivos que incurrieron los exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina.
La fiscal indicó que el caso es el más grande en la historia del país, por la forma que los servidores públicos se unieron para defraudar a la país con fondos millonarios.
“No hay forma de que no sea declarado complejo este proceso, es que se tocó el patrimonio público de una forma sin precedentes en la historia del país, hasta el momento, es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo, desde el Estado, se coalicionaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios del patrimonio público”, reveló a los medios de comunicación.
View this post on Instagram
La magistrada Kenya Scarlet Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia de solicitud de imposición de medida de coerción para el domingo 26 de marzo a las 9:00 de la mañana a los exministros de Obras Públicas, Hacienda y administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, respectivamente, y demás procesados por solicitud del Ministerio Público.
El aplazamiento tiene el objetivo de dar oportunidad que las defensas técnicas puedan evaluar el contenido de la solicitud planteada por el Ministerio Público respecto a sus asistidos.
En la audiencia el tribunal constató que todas las personas investigadas y sus defensas técnicas fueron notificadas en la mañana de hoy de la instancia de solicitud de imposición de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.
Asimismo, ordenó a la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios habilitar espacios idóneos que permitan a la defensa técnica hacer de conocimiento de las personas imputadas la solicitud conforme el derecho de defensa.
Igualmente ordenó que dada la entrega en forma digital de los elementos de prueba que sostienen la solicitud le sean permitidas a las defensas acceder con dispositivo electrónico que permita revisar dichos elementos con las personas imputadas.
Apresados
La coordinadora de la Pepca, Mirna Ortiz, detalló que en el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
En la operación, ejecutada el pasado sábado, fueron realizados 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
