REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Algunas mujeres afganas que trabajan para Naciones Unidas han sido detenidas, acosadas y se les ha restringido el movimiento desde que el Talibán impidió que trabajen para el organismo mundial, dijo la ONU el martes.
Los gobernantes talibanes afganos comunicaron a la ONU a principios del mes pasado que las afganas empleadas en la misión no podían presentarse a trabajar.
“Esta es la más reciente de una serie de medidas discriminatorias, e ilegales, aplicadas por las autoridades de facto con el objetivo de restringir severamente la participación de las mujeres y las niñas en la mayoría de los ámbitos de la vida pública y cotidiana en Afganistán”, dijo la ONU en un reporte sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Las autoridades talibanas han seguido reprimiendo las voces disidentes este año, especialmente las de quienes se pronuncian acerca de aspectos relacionados con los derechos de las mujeres y las niñas, agregó el informe.
El reporte de la ONU citó la detención en marzo de cuatro mujeres, que quedaron en libertad un día después, tras una protesta para exigir acceso a la educación y al mercado laboral en la capital, Kabul, así como la de Matiullah Wesa, director de PenPath, una organización de la sociedad civil que aboga por la reapertura de las escuelas femeninas.
Además, destacó el arresto de Parisa Mobariz, una activista por los derechos de las mujeres, y de su hermano en febrero en Takhar, una provincia del norte del país.
Varios activistas de la sociedad civil han quedado libres, supuestamente sin cargos, tras largos periodos de detención arbitraria por parte de los servicios de inteligencia talibanes, agregó el informe.
Estas medidas tendrán efectos desastrosos sobre las perspectivas de prosperidad, estabilidad y paz del país, indicó la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA, en su documento.
El Talibán había prohibido que las niñas acudan a la escuela más allá del sexto grado y restringió la participación de las mujeres en el mercado laboral y la vida pública. En diciembre, les prohibieron trabajar en organizaciones locales y no gubernamentales, una medida que entonces no se aplicó a las oficinas de la ONU.