Santo Domingo.- El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez Ramírez, rechazó lo que calificó como un irrespeto a Juan Pablo Duarte y a los símbolos patrios, la alteración del Himno Nacional que difunden exponentes del género musical “dembow” a través de Instagram, Tik Tok y otras cuentas de redes sociales.
El presidente del organismo dijo que estos jóvenes están haciendo un uso inapropiado de las redes al ultrajar al padre de la Patria y fundador de la República, al difundir imágenes videográficas en las cuales se le insulta y ofende por transmisiones en vivo.
View this post on Instagram
“En lo que concierne al himno Nacional, a través de la red social Tik Tok se ultrajó este elevado emblema con un video que muestra un baile de dembow con movimientos obscenos e insinuantes, lo que agrava este execrable acto delictivo”, precisó Gómez Ramírez.
Dijo que esa entidad patriótica, sobre de lo que disponen las leyes números 127-01, sobre el Instituto Duartiano y la protección del buen nombre del prócer, y la 210-19, sobre Símbolos Patrios, procedió a apoderar formalmente a la magistrada procuradora general de la República, Mirian Germán, para que sean investigados y sometidos a la acción de la justicia.
Señaló que la ley número 127-01 establece que el Instituto Duartiano debe preservar el buen nombre de Duarte para la edificación cívica y moral del pueblo dominicano; también consigna que toda persona que atente contra respetabilidad, la honra y el buen nombre del padre de la Patria y fundador de la República, incurre en violación a tal disposición legal y la sanción prevista es prisión y multa.
Agregó que el artículo 37 de la ley número 210-19, sobre Símbolos Patrios, precisa que constituye ultraje contra el Himno Nacional cambiar su letra y tiempo musical, bailar mientras es interpretado, así como convertirlo en una pieza musical bailable.
En tanto, el artículo 39 de la referida ley 210-19 indica que “las personas que cometan ultraje contra el uso correcto de los símbolos patrios serán castigadas con la pena de uno a tres meses de prisión y multa de cinco a veinte salarios mínimos del sector público”.
