Santo Domingo. – La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó la sentencia de descargo contra Rafael Antonio Peña Antonio, Carlos Picini y el Daniel Aquino Hernández, los tres que fueron descargados tras ser imputados en el caso de los aviones Super Tucano que deberá conocerse desde cero.
El tribunal presidido por Doris Pujols Ortiz e integrado por Rafael Báez y Carmen Mancebo dispuso que el expediente sea enviado a primera instancia para que apoderen un tribunal que conozca el juicio desde cero.
Los jueces dispusieron que la audiencia sea conocida por un tribunal diferente al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que pronunció el descargo de los implicados.
El tribunal tomó la decisión al acoger un recurso de apelación interpuesto Wilson Camacho, titular del Procuraduría Especializada de Corrupción Administrativa (Pepca).
El Ministerio Público acusó a los procesados de recibir los US$3.5 millones que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) admitió haber dado en el país, dinero entregado para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano.
La sentencia de descargo emitida en primer grado se produjo en mayo del año 2022, y en ella se absolvió al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Daniel Aquino Hernández. Además, fueron descargadas las empresas imputadas 4D Business Group y Magycor.
El Ministerio Público señala en su acusación que los procesados recibieron US$3.5 millones que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) había entregado en sobornos para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano.
La Pepca acusó al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
El Ministerio Público pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron atribuidos. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.
También, contra cada una de las compañías solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
