SANTO DOMINGO.- En una reunión celebrada recientemente, representantes de Canadá y otros países de la región se congregaron para abordar la situación en Haití. Durante el encuentro, el Gobierno canadiense expresó su compromiso de llevar a cabo «esfuerzos importantes» en Haití mediante el establecimiento de una «Célula de Coordinación de Seguridad Conjunta» (JSCC, por sus siglas en inglés).
Según una nota de prensa emitida por el Gobierno canadiense el jueves 15 de junio, la JSCC tendría como objetivo mejorar la coordinación y movilización de los esfuerzos internacionales en materia de asistencia de seguridad, en colaboración con la Policía Nacional de Haití. Sin embargo, la nota no menciona la instalación de una oficina en la República Dominicana ni en ningún otro país vecino.
En respuesta a esta información, el Gobierno dominicano afirmó que no ha otorgado autorización para la instalación de dicha oficina en suelo dominicano. El anuncio de la instalación de una oficina en República Dominicana fue realizado por la ministra de relaciones exteriores de Canadá, Mélanie Joly, a través de su cuenta de Twitter el mismo jueves. La oficina tendría como objetivo brindar asistencia a la Policía Nacional de Haití.
En la reunión también participaron ministros y representantes de numerosos países y organismos internacionales, incluyendo Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Caricom, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Unión Europea, Francia, Alemania, Guatemala, Guyana, Haití, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, México, Noruega, Panamá, Perú, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Senegal, España, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Reino Unido, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Haití (PNUDPA).
Además de la cuestión de la oficina en República Dominicana, Canadá anunció sanciones a dos parlamentarios identificados como Prophane Victor y Gracia Delva. Estas sanciones conllevan la congelación de sus activos en Canadá y la prohibición de ingresar al país. Asimismo, Canadá destinó 10 millones de dólares en fondos al fondo colectivo de donantes múltiples del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para seguridad en Haití, y tres millones de dólares para la lucha contra la corrupción.
