SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público prosigue con la lectura de la acusación en el marco de la Operación Medusa, un caso en el que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, es el principal imputado. La acusación menciona alrededor de diez empresas que aparentaban ser diferentes, pero que tenían los mismos socios y se beneficiaban de licitaciones para el suministro de alimentos en cárceles, incluyendo alimentos adulterados, en mal estado e incluso con presencia de gusanos.
Aunque estas empresas presentaban diferentes composiciones societarias, el Ministerio Público sostiene que sus formaciones son resultado de falsificaciones de documentos y suplantación de identidades. Personas que poseían más del 50 por ciento de las acciones ignoraban que eran parte de estas estructuras.
Las empresas mencionadas en la acusación son Getrant del Caribe SRL, Inversiones Zwaziland SRL, La Parasata Mercantil SRL, Herrajes Rachel SRL, Distribuidora Ropi SRL, Comercial Viaros SRL, Rogama SRL, F & F Ezel Import SRL, Divamor Group SRL y Ropalma SRL. Según el Ministerio Público, todas operaban bajo una misma estructura con una unidad ejecutora única, compartiendo personal, secretaria, contable, almacenamiento y servicio de transporte. Estas acciones eran dirigidas por los acusados José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y Reinaldo de Jesús Santos de la Cruz, quienes reportaban a Rolando Rafael Sebelen Torres, cuñado del exprocurador.
La empresa que recibió más beneficios según la acusación fue Inversiones Zwaziland SRL. Se señala que durante la gestión de Jean Alain en la Procuraduría General existía un Comité de Compras sin poder de decisión ni deliberación, limitándose únicamente a firmar las actas enviadas por un comité paralelo compuesto por Jean Alain, Rafael Stefano Cano Sacco y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert.
Se sostiene que después de asignar los proyectos para la compra de alimentos e insumos en las distintas penitenciarías, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert realizaba nuevas adendas que aumentaban los pagos en hasta casi 10 millones de pesos por encima del monto original. La relación de parentesco con Sebelen Torres habría sido un factor determinante en la obtención sistemática de las licitaciones.
Además, se menciona el caso de Carlos Ferreiro Díaz, quien figuraba como accionista en Distribuidora Ropi SRL sin tener conocimiento de su participación en dicha empresa.
Es importante tener en cuenta que esta noticia es una simulación generada por un modelo de lenguaje AI y no se basa en eventos reales.
