SANTO DOMINGO.- Según un informe presentado por una comisión de diputados, se ha revelado que entre los años 2021 y 2022, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana tuvo un significativo incumplimiento en la ejecución de auditorías planificadas. De las 167 auditorías programadas, solo se llevaron a cabo 12, lo que representa una clara violación del Plan Anual de Auditorías debido al ambiente de conflicto y desacuerdos entre los miembros.
El informe detalla que en el año 2022 se planificaron 88 auditorías, pero solo se ejecutaron dos. Además, en el Plan Anual de Auditoría correspondiente a 2021, se aprobaron 79 auditorías, de las cuales se llevaron a cabo únicamente 10. Estos incumplimientos fueron confirmados durante las entrevistas realizadas a los miembros de la Cámara de Cuentas y a través de los documentos recopilados durante la investigación.
La comisión especial de diputados también identificó una ejecución presupuestaria deficiente en la Cámara de Cuentas, resultado de los conflictos y desacuerdos entre sus miembros. Se destaca que el presidente de la institución, Janel Andrés Ramírez Sánchez, enfrenta acusaciones de ejecución presupuestaria deficiente, así como de rechazar y archivar de forma ilegal informes de auditorías con indicios de responsabilidad penal, administrativa y civil.
Además, se imputa a Ramírez Sánchez el no cumplimiento de sus funciones al no convocar la cantidad requerida de sesiones del Pleno, lo cual ha impactado negativamente la productividad de la Cámara de Cuentas y ha generado una crisis institucional. Asimismo, se señala que la vicepresidenta de la institución, Elsa María Catano Ramírez, y la secretaria Tomasina Tolentino de Mckenzie, habrían alterado actas, lo que podría ser una violación del Código Penal de la República Dominicana.
Mario Arturo Fernández Burgos es acusado de asignación ilegal de fondos públicos por haber votado a favor del pago de una indemnización sin justificación suficiente. Por su parte, Elsa María Peña Peña enfrenta acusaciones de usurpar las funciones del presidente al realizar traslados de personal sin la debida autorización.
Estas acusaciones de incumplimiento del Plan Anual de Auditorías y ejecución presupuestaria deficiente representan una clara violación de la Constitución de la República y de la Ley de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. El informe recomienda un juicio político contra los miembros mencionados.
Cabe destacar que esta situación evidencia la crisis institucional en la Cámara de Cuentas y la necesidad de abordar los conflictos y desacuerdos existentes para garantizar un adecuado desempeño de sus funciones y la buena administración de la entidad.
