SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Cena, se reservó para este miércoles el fallo de medidas de coerción a los 12 imputados en el caso Gavilán.
Durante la audiencia de este martes siete imputados admitieron los hechos por los que se les señala.
El Ministerio Público, solicita prisión preventiva para cinco de los implicados, mientras que para los siete restantes pide una medida menos gravosa como es el arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica luego de que estos llegaran a un acuerdo con el órgano acusador.
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El órgano acusador asegura que la base de datos de la Procuraduría General de la República (PGR) será restablecida y a quienes le robaron los registros penales serán investigados y sometidos por pagos de sobornos.
En la audiencia de este martes, salió a relucir el nombre de Adrián Donato Salcedo, mejor conocido como Cristian Casablanca, como uno de los beneficiados con la eliminación de una ficha de antecedentes penales.
Ante los hechos, el Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien conoce el caso, que este sea declarado complejo y los imputados cumplan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
En el juicio de hoy martes se informó que algunos de los imputados continúan negociando con el MP, para reducir su posible condena.
Los imputados son Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva.
Asimismo, los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, el expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Anthony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
La calificación jurídica del caso es asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo 10 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
Se recuerda que la operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.
