SANTO DOMINGO.- En un reciente fallo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha rechazado la solicitud presentada por la diputada Rosa Amalia Pilarte para anular la resolución del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que le negó la posibilidad de inscribir su precandidatura. La decisión del PRM se basó en la vinculación de Pilarte a una investigación por narcotráfico y lavado de activos.
El veredicto fue emitido con la aprobación de los jueces Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, quien preside el tribunal, y Fernando Fernández Cruz, mientras que la magistrada Hermenegilda del Rosario Fondeur emitió un voto en desacuerdo.
La alta corte fundamentó su decisión en la Ley 33-18 de Partidos Políticos, así como en los estatutos y reglamentos internos del PRM. Según el tribunal, la resolución número 049-2023 estaba justificada bajo estas normativas.
Durante el proceso, los abogados de Rosa Amalia Pilarte se retiraron antes de que se anunciara el fallo, luego de que los jueces se retiraran para deliberar. Uno de los principales abogados, Fredermiro Ferreras, argumentó que la negación de la precandidatura violaba el derecho de su cliente a ser elegible. Ferreras afirmó que Pilarte no había incurrido en ninguna de las circunstancias que implican la pérdida de derechos civiles, ya que no existía una sentencia en su contra. Añadió que la acusación en su contra fue conocida a través de los medios de comunicación y que desconocían incluso los detalles del expediente.
Ferreras sugirió que el PRM estaba aplicando un trato desigual hacia Pilarte en comparación con otros miembros del partido que habían sido señalados en actividades ilícitas y habían sido admitidos como precandidatos.
Por su parte, los representantes del PRM se basaron en la autonomía de los partidos políticos y su derecho a condicionar la admisión de candidaturas en función de sus valores y principios. Argumentaron que la decisión del partido de rechazar a Pilarte se basó en el principio de transparencia. Aseguraron que el derecho a ser elegible no es absoluto y tiene limitaciones, y que el PRM actuó en concordancia con su reglamento al tomar medidas en contra de Pilarte debido a la acusación de narcotráfico, un delito que perjudica a la sociedad.
La decisión del TSE y los argumentos presentados en este caso destacan la complejidad y la interacción entre los derechos individuales y la autonomía de los partidos políticos en el contexto de la democracia y el sistema legal de la nación.
