SANTO DOMINGO.- El desconocimiento de sus derechos y la normalización de conductas arraigadas en República Dominicana, entre otros factores, impiden que niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y trata se identifiquen como tales y sean conscientes de situaciones graves de abuso.
Una realidad a la que Save the Children trata de poner remedio mediante un programa que se desarrolla en varias comunidades con una alta incidencia de este tipo de casos en los municipios de Haina y San Cristóbal, cercanos a Santo Domingo, cuyos resultados se presentaron este viernes.
La directora ejecutiva de Save the Children en el país, Alba Rodríguez, explicó a EFE que cuando empezaron a desarrollar el programa en 2017 detectaron que en las comunidades no eran capaces de identificar que se estaban dando situaciones de explotación sexual y servidumbre con víctimas menores de edad.
«Hemos visto situaciones, incluso nocturnas, de niñas y adolescentes en espacios y en carreteras expuestas para explotación sexual. Nos hemos encontrado casos de trata con fines de servidumbre. Personas que han reconocido situaciones cuando tú les das información y empiezan a entender» que tenían delante casos de «captación para explotación sexual comercial», dijo Rodríguez.
RECONOCERSE COMO SUJETO DE DERECHOS
La información que se les aporta ha permitido que mujeres adultas de repente se reconozcan «como víctimas de violencia o incluso se dan cuenta que fueron abusadas sexualmente de pequeñas» y, al no encontrar a nadie que respondiera ante eso, «lo habían interiorizado como un hecho normal», apuntó.
Por eso, el trabajo parte de cosas tan básicas como «conocer tus derechos» para saber «cómo ejercerlos porque, si tú no te reconoces como sujeto de derechos, tampoco vas a reconocer que hay un Estado que debe de protegerlos».
A partir de ahí, se empieza a trabajar en «empoderamiento, autoestima, confianza y reconocimiento personal» porque los tratantes son conscientes de que las personas vulnerables económica o socialmente son más propensas a tener bajos niveles de autoestima o empoderamiento y «son más fácilmente captables».
Además, todavía existe «una sumisión y una cosificación de niñas, adolescentes y mujeres» y, ante eso, hay que hacer «un trabajo muy fuerte porque la violencia no se identifica. La violencia a veces la ejerce alguien que no conoces» y es necesario aprender «qué significa la trata, cómo se manifiesta en cada momento» y así poder reconocer los riesgos.
COMUNIDADES RURALES, CONSUMIDOR LOCAL
Rodríguez señaló que, frente a la idea que existe de que la trata ocurre en zonas turísticas o sofisticadas y que el consumidor es extranjero, en Save the Children encontraron que estas prácticas se dan con frecuencia en comunidades rurales y «en cualquier espacio».
«Estoy hablando de una comunidad rural en San Cristóbal con unas condiciones como cualquier otra, donde alguien o un grupo de personas han montado una casita o un barcito y tienen a menores en explotación sexual», expuso.
Apuntó que «el consumidor principal en República Dominicana es un consumidor local, no es un consumidor extranjero (…) De hecho, si no hubiera consumo local y permisividad local, no existiría el extranjero, no podría venir aquí a hacer lo mismo».
La elección de Haina y San Cristóbal para poner en marcha el proyecto llegó «de una forma muy sorpresiva», cuando en 2016 estaban identificando zonas de intervención y el entonces titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, Jonathan Baró, les expuso la problemática en estos municipios.
«El Puerto de Haina tiene un efecto directo sobre la existencia de redes de trata para fines de explotación sexual comercial» porque genera «un tránsito constante de marineros de barcos», locales y extranjeros, que a veces esperan «mucho tiempo para retirar carga».
