Santo Domingo.- La jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción a José Ramón Peralta, ex ministro Administrativo de la Presidencia y uno de los imputados del caso Calamar, por una garantía económica de 4.5 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
La magistrada tomó la decisión al considerar que el imputado aportó los presupuestos de arraigo que garantizan su presencia durante el proceso, hasta tanto se conozca un juicio donde se dirima su culpabilidad o no.
Puntualiza que la variación de la medida de coerción no representa en modo alguno que el imputado ha sido absuelto o liberado del proceso, que se detendrá la investigación o que el caso culmina.
“Todo lo contrario, el Estado acusador, en virtud de la separación de funciones, más que nunca tiene el deber de demostrar a la sociedad en las etapas correspondientes, que su teoría está blindada y que el tiempo establecido para la investigación ha sido más que acorde a la aplicación de las normas del debido proceso y que las garantías constitucionales, mientras que al Poder Judicial del corresponde ser un ente imparcial, como lo es”.
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En sus motivaciones la jueza resalta que “al referimos al caso que nos ocupa entendemos que observar la norma de los artículos 227 y 229 del Código Procesal Penal así como a resolución N0. 1731 emanada de la Suprema Corte de Justicia el ciudadano puede ser beneficiado por otra de las medidas de las ya establecidas por el articulo 226 (CPP)”.
El proceso por corrupción administrativa también se sigue en contra del ex ministro de Hacienda (2016-2020), Ángel Donald Guerrero Ortiz, a quien el Ministerio Público le imputa encabezar una red desmantelada con la Operación Calamar que, según la solicitud de medida de coerción, utilizaba al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
En el proceso se ha establecido que, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
