SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó prisión preventiva por 18 meses, contra Emmanuel Rivera Ledesma e implicados en el caso denominado Operación Nido.
El Ministerio Público tiene evidencia de que la estructura criminal obtuvo aproximadamente 700 millones de pesos de más de 300 víctimas, e indicó que los afectados son más de los que se han querellado.
Rivera Ledesma deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro Correccional Najayo Hombres.
La prisión preventiva pesa contra Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López.
La solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en Operación Nido, el Ministerio Público establece que la estafa realizada por la desmantelada red asciende a más de 700 millones de pesos, y que para lograr su objetivo utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
La investigación del órgano persecutor, en la que los imputados son: Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
El Ministerio Público indicó que, a raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
