Buenos Aires.- A poco más de un mes de su llegada a la presidencia de Argentina, el ultraliberal Javier Milei enfrentaba el miércoles la primera huelga general encabezada por la mayor central sindical en rechazo a las reformas económicas y laborales que limitan el poder de los gremios.
El paro incluyó una movilización de la que también participaron organizaciones sociales y partidos políticos opositores contra las políticas de ajuste impulsadas por el mandatario, un economista de ultraderecha que asumió el 10 de diciembre y que impulsa una reducción drástica del déficit fiscal, al que responsabiliza mayormente de la inflación de 211% anual.
La huelga fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y cuenta con la adhesión de otras centrales sindicales que rechazan un decreto presidencial con modificaciones a la legislación laboral que reducen beneficios para los sindicatos y trabajadores, así como un amplio proyecto de ley que incluye reformas en los ámbitos político, fiscal, jubilatorio y administrativo y una reducción del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales.
Hasta primeras horas de la tarde el paro no se sentía con demasiada fuerza en las calles de la capital, donde en varios barrios los comercios operaban con normalidad.
El transporte público funcionará hasta las 19 (2200 GMT) para facilitar la movilidad de los manifestantes que se congregaron frente al Congreso. Columnas de integrantes de sindicatos, un sector del peronismo y fuerzas políticas de izquierda ocuparon la plaza ubicada frente al edificio legislativo mientras otras movilizaciones se replicaron en distintas ciudades, como Mendoza y Mar del Plata.
Héctor Daer, secretario general de la CGT, arremetió desde un escenario en contra del decreto presidencial y sostuvo que “destruye derechos individuales de los trabajadores, derechos colectivos y quiere eliminar la posibilidad de acción gremial en momentos en que tenemos una gran desigualdad en la sociedad”.
“Lo que quieren es destruir el Estado, que es la única institución de gobierno que permite el equilibrio social y la distribución de la riqueza”, sostuvo el sindicalista.
Pablo Moyano, del gremio de los conductores de camiones, criticó al ministro de Economía Luis Caputo y sostuvo que “si lleva esas medidas de ajuste, de hambre, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas, pero para tirarlo al riachuelo”, en referencia al río contaminado que transcurre por el sur de la capital.
Miguel Parra, referente del Frente de Organizaciones en Lucha, dijo en tanto a The Associated Press que el decreto y el proyecto de ley que es analizado en la Cámara de Diputados “muestran claramente los objetivos del nuevo gobierno, que plantea una desregulación absoluta de la economía y un ajustazo en contra de los trabajadores y trabajadoras” en favor de los grandes grupos económicos.
La docente Karina Villagra afirmó que si las medidas salen adelante “vamos a perder más derechos los que trabajamos… la militancia debe estar más fuerte que nunca”.
Tras las palabras de los líderes sindicales los manifestantes comenzaron a desconcentrarse.
El proyecto legislativo, que busca la privatización de empresas estatales y el incremento de impuestos a las exportaciones de ciertos sectores, encara un futuro incierto ya que el oficialismo está en clara desventaja numérica en ambas cámaras legislativas.
Milei, que fue elegido en el balotaje de noviembre con 56% de apoyo, afronta esta huelga con 55,9% de valoración positiva y 36,6% negativa, según un sondeo de la consultora CB Consultora Opinión publicada en la prensa. El estudio incluyó entrevistas a 1.347 personas realizadas entre el 10 y el 13 de enero y tiene un margen de error de 2,5 puntos porcentuales.
Otro sondeo del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) señaló en tanto que el mandatario tiene 52% de imagen positiva—respecto del 61% con que contaba el día que asumió— y 43% de negativa. El estudio incluyó 1.253 casos.
El analista político Sergio Berensztein señaló a AP que Milei encara un escenario complejo en el que “los salarios reales están cayendo debido a la inflación y hubo una enorme devaluación en cuanto él asumió” por lo que “hay razones claras para que la gente se queje”.
Pero acotó que el mandatario sigue siendo popular y “se siente muy cómodo enfrentándose a estos líderes sindicales” que son impopulares en la sociedad, según estudios de opinión.
Durante la jornada de protesta los aeropuertos de Buenos Aires permanecían abiertos. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 267 vuelos y la reprogramación de otros 26 por la adhesión de los distintos gremios aeronáuticos al paro, lo que afecta a más de 17.000 pasajeros.
El portavoz presidencial Manuel Adorni dijo que la huelga supondrá “una perdida de 2,5 millones de dólares que pagaremos todos los argentinos”.
Los bancos, la administración pública, las gasolineras, el personal de salud y la recolección de residuos funcionaban de forma limitada.
La CGT anunció el paro el 28 de diciembre, la primera vez que lo hizo contra un gobierno que llevaba menos de un mes en el poder desde el retorno de la democracia en 1983. Por otro lado, esta es la primera huelga en más de cuatro años del sindicalismo, que durante del gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023) no llevó a cabo una medida similar.
El gobierno de Milei lo considera un paro político y acusa a sus organizadores de ser unos “mafiosos” y resistirse al cambio que decidió la sociedad cuando votó al líder de La Libertad Avanza.
Adorni señaló que “no se puede dialogar con gente que intenta parar el país y (el paro) muestra un costado bastante antidemocrático”.
El decreto que es blanco de las críticas incluye la derogación o modificación de cientos de leyes con el fin de desregular una economía fuertemente intervenida por el Estado.
En materia laboral, restringe el derecho a la huelga en actividades esenciales como los servicios hospitalarios, la educación y el transporte y abre el juego para nuevos mecanismos de indemnización que harán menos engorroso el despido de empleados.
A su vez habilita a los trabajadores a dirigir sus aportes en forma directa a los prestadores de salud privada en vez de hacerlo a través de los de los sindicatos, lo cual afecta una importante caja de recursos de los gremios.
El capítulo laboral de este decreto ha sido suspendido en instancias judiciales y se prevé que la Corte Suprema se pronuncie próximamente.
Todas las iniciativas oficialistas —que en gran parte son apoyadas por sectores empresariales— buscan, según ha aseverado el mandatario, combatir la suba de precios y reducir así la pobreza que afecta a más de 40% de la población y sentar las bases para lograr la estabilidad y el crecimiento económico.
Si bien es el primer paro contra el gobierno de Milei, la movilización callejera será la tercera gran protesta desde que el líder de La Libertad Avanza asumió el 10 de diciembre.
