Santo Domingo.- Fue depositada este martes una querella contra el secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán, y demás imputados, ante el procurador general de delitos electorales del Tribunal Superior Electoral (TSE), por presunta violación a la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y luego de haber declarado que había hackeado el sistema de cómputos de la Junta Central Electoral (JCE).
El documento depositado ante el TSE dice que el exsenador se auto incriminó de haber realizado el hackeo, por estos motivos los querellantes solicitan que el Ministerio Público (MP) realice una investigación sobre el caso y se condene al acusado al pago de una indemnización de 25 millones de pesos dominicanos por los daños morales, materiales, sicológicos y sociales causados.
Los querellantes son José Nicacio Díaz Guzmán, delegado técnico de la Dirección Nacional De Elecciones de la JCE, en representación del partido Primero La Gente y del Movimiento Político “La Expansión”; Ana Olivia Guzmán, candidata a regidora por Santo Domingo Oeste, con el partido Primero La Gente; Frederick L. Ferreras González, candidato suplente a regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), PRSC, Moda, y aliados.
Los abogados que representan a los querellantes son Dr. Fredermido Ferreras Díaz y Frederick Leomel Ferreras González.
En el escrito, se detalla que Tommy Galán incurrió en delitos electorales por violación a los artículos 29 y siguientes de la ley no. 53/07, 109, 110, 91,92, 86, 87 del 265, 266, 267 del Código Penal Dominicano.
Además, agregan que “en el país ya existe el precedente de una suspensión de las elecciones de febrero del año 2020 por un supuesto jaqueo o vulneración del sistema que estuvo a punto de provocar una guerra civil en el país”.
Asimismo, recuerdan y comparan la situación que denunció el otrora presidente y candidato presidencial del PLD, Dr. Leonel Fernández Reyna, quien en la convención interna para escoger al candidato que supuestamente ganó, Gonzalo Castillo, provocó denuncias de fraudes y hackeo del sistema a través de un supuesto algoritmo que alteró los resultados electorales. Situación que condujo a la división de esa organización política con la salida de Fernández Reyna para formar otra fuerza política denominada Fuerza del Pueblo (FP).
Destacan que dichas declaraciones del secretario de asuntos electorales del PLD también tienen ribetes penales, pues se enmarcan dentro de las vulneraciones que establecen los artículos 86 al 90 del Código Penal Dominicano y que castigan los crímenes contra la seguridad interior del Estado con la guerra civil.
