Redacción.-El coronel Bernardo Romão Corrêa Netto fue detenido este domingo en Brasilia tras llegar a la capital brasileña procedente de Estados Unidos. Corrêa está siendo investigado por presuntamente preparar un golpe de Estado contra el actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
El oficial acababa de regresar de Washington, donde participó en un curso del Colegio Interamericano de Defensa. Había viajado a la capital estadounidense el pasado jueves y regresó el domingo, cuando fue detenido por efectivos de la Policía Federal brasileña, informó la televisión brasileña O Globo.
Corrêa habría organizado una reunión de oficiales de las Fuerzas Especiales del Ejército el 28 de noviembre de 2022 para abordar un golpe de Estado, un mes después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ganó Lula.
El sospechoso era entonces asistente del Comando Militar del Sur, nombrado como hombre de confianza del teniente coronel Mauro Cid, quien fue estrecho colaborador del ex presidente Jair Bolsonaro. La Policía interceptó conversaciones en su teléfono móvil que demostrarían que Corrêa escogió para esta reunión a militares formados en las Fuerzas Especiales conocidas como Kids Pretos, lo que “demuestra la minuciosa planificación para utilizar contra el propio Estado brasileño las técnicas militares para la consumación del golpe de Estado”.
La detención fue avalada por el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, que recoge en su auto que había un plan para difundir noticias falsas “por parte de las Fuerzas Armadas y otros miembros del grupo criminal para desacreditar el proceso electoral”. El objetivo era generar un “ambiente favorable al golpe de Estado”.
Para ello habían preparado incluso una “carta al comandante del Ejército de oficiales superiores en activo del Ejército brasileño” dirigida a quien entonces ocupaba la jefatura del Ejército, Marco Antônio Freire Gomes.
La Policía brasileña cree que el ex presidente Jair Bolsonaro conocía el plan del golpe de Estado contra Lula da Silva y que incluso hizo modificaciones.
La investigación descubrió un borrador golpista que preveía la detención de los ministros del Tribunal Supremo Federal Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, así como del presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
Esta información está incluida en la decisión de De Moraes que respalda una operación lanzada el pasado jueves contra militares y ex ministros del gobierno de Bolsonaro. Es por esa razón que la Corte Suprema le ordenó al ex jefe de Estado que entregue su pasaporte y le prohibió hablar con otros investigados en medio de la “Operación Tempus Veritatis” (Hora de la Verdad), que incluyó allanamientos y arrestos en diez estados de país.
De acuerdo a las investigaciones, el borrador del golpe fue entregado a Bolsonaro por Filipe Martins, quien fue arrestado en el operativo de este jueves; y Amauri Feres, quien es buscado. Según publicó el portal local G1, el ex presidente pidió que se eliminen del documento los nombres de Pacheco y Gilmar pero no el de De Moraes.
También fueron objeto de búsquedas el exministro de Justicia Anderson Torres, quien ya estaba siendo investigado por la asonada golpista del 8 de enero de 2023 que protagonizaron simpatizantes de Bolsonaro, y Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), formación que lidera el exmandatario brasileño.
La investigación apunta que el grupo investigado “se dividió en núcleos de actuación para diseminar” sospechas de fraude en las elecciones de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro, quien buscaba la reelección, “antes incluso de la celebración de los comicios”.
Según la Policía, hubo un segundo núcleo de actuación que “consistió en la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, a través de un golpe de Estado, con apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible”.
Esos hechos culminaron con la asonada del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en un intento desesperado para derrocar al Gobierno de Lula, que había asumido el poder una semana antes.
