Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader ha anunciado una serie de medidas con el objetivo de reducir el gasto público, según el decreto 71-24 firmado el pasado 7 de febrero. Entre las disposiciones, destaca la limitación del uso de flanqueadores motorizados, restringiéndolo exclusivamente a funcionarios específicos.
Según el decreto, solo podrán disponer de flanqueadores motorizados en sus desplazamientos el presidente y vicepresidenta de la República, el ministro de Defensa, comandantes generales de las Fuerzas Armadas, el ministro de Interior y Policía, el director general de la Policía Nacional, la procuradora general de la República, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el director nacional de Inteligencia. El ministro Administrativo de la Presidencia podrá excepcionar, mediante circular, a otros servidores públicos en circunstancias especiales.
Además, Abinader ha prohibido el uso de vehículos oficiales los sábados, domingos y días feriados, salvo con autorización previa y expresa del titular de la institución correspondiente y solo para la ejecución de labores institucionales. También se ha limitado la compra de vehículos oficiales y se prohíben las salidas al exterior de servidores públicos en asuntos oficiales sin el permiso correspondiente.
El decreto incluye restricciones a la compra de efectos promocionales, impresiones o boletines informativos, y limita las publicaciones a aquellas requeridas por mandato legal o reglamentario, con un estricto control del número de impresiones.
En cuanto a los gastos relacionados con eventos y celebraciones, el decreto prohíbe compromisos de gastos en fiestas, agasajos, recepciones y actividades similares, a menos que cuenten con autorización expresa del ministro Administrativo de la Presidencia. Se exceptúan las celebraciones realizadas por la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo en honor a visitantes extranjeros.
Adicionalmente, se ordena una revisión del personal militar y policial asignado a instituciones públicas y funcionarios, con el objetivo de reducir asignaciones y eficientizar la distribución, priorizando sectores que requieran mayor apoyo para garantizar la protección ciudadana.
