SANTO DOMINGO, RD- La Fundación Primero Justicia en compañía de un grupo de abogados, sometió un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo contra la resolución 11-2023, que privatiza los servicios de hemodiálisis en toda la red de hospitales del Estado dominicano, en perjuicio de pacientes renales de escasos recursos económicos.
Miguel Surún Hernández, en representación del grupo, calificó dicha resolución como “una condena de muerte” para la clase más desposeída.
El grupo dijo esperar que el Tribunal Superior Administrativo actúe en consecuencia, dejando sin efecto un atentado contra la salud de los pacientes renales de escasos recursos económicos.
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