SANTIAGO.- Fueron impuestas este martes las medidas de coerción contra 9 hombres acusados de formar parte de una estructura de narcotráfico, desmantelada en el municipio de Navarrete provincia Santiago.
La decisión fue establecida por el juez de la Oficina de Atención Permanente del Servicio Judicial del Distrito Judicial de Santiago, José Rafael Asís, la cual consiste en prisión preventiva y garantía económica contra los imputados entre ellos a tres 3 agentes policiales.
La medida coercitiva consiste en el pago de una garantía económica en efectivo de 20 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica todos los viernes de cada mes a Antony Morel Rodríguez, al igual que Antonio Morel Peralta.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Servicio Judicial del Distrito Judicial de Santiago, José Rafael Asis, impuso este martes medidas de coerción contra los acusados de formar parte de una estructura de narcotráfico, desmantelada en el municipio de Navarrete de Santiago.
Imponen prisión, garantía económica y presentación periódica contra 9 acusados de narcotráfico en Navarrete
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— Noticias Telemicro (@NTelemicro5) March 26, 2024
El magistrado impuso el pago de una garantía económica en efectivo de 20 mil pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica todos los viernes de cada mes a Antony Morel Rodríguez, al igual que Antonio Morel Peralta.
En tanto el tribunal dictó seis meses prisión preventiva a Ricardo Diloné Sosa (el Amarillo), y su esposa, Eliana Magdeline Francisco Núñez (Madelin), Willi Manuel Rivas (Willi), Arístides de Jesús Castillo Fernández.
Asimismo, fueron enviados a prisión Operaciones de Manoguayabo de Santo Domingo, Starlim Álvarez Álvarez (miembro de la PN), Jerison Morel Arias (miembro de la PN), y Robinson Contreras Sisnero (el Gago).
Los fiscales investigadores del Ministerio Público en Santiago desarrollaron numerosas diligencias de investigación, con vigilancia, interceptaciones telefónicas, interrogatorios y otras acciones, desde hace seis meses, para identificar a los sospechosos, determinar el rol que desempeñaban y constatar el alcance de sus operaciones.
Además del liderazgo que ejercía «el Amarillo», la estructura asignaba funciones como las de vaqueadores, pesadores, y otras, a sus integrantes.
Para interceptar a los supuestos criminales, los más de 30 fiscales que trabajaron en la operación, contaron con el soporte de más de 400 miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), de la Policía Nacional, y otra decena de oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)
Contra el grupo el Ministerio Público formuló los cargos por transgredir los articulados 265 y 266 del Código Penal Dominicano que sancionan la asociación de malhechores; así, además, enfrentan a imputaciones por violación a la Ley 631-16 de Armas, Municiones y Materiales Relacionados y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
