La Vega, RD.- Estarán enfrentando cargos formalmente supuestos miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres liderada por Miguel Arturo López Florencio (Micky López) y su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte López.
Con relación a la acusación, fue depositada este jueves por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también la Fiscalía de La Vega.
Se trata de los ahora acusados Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, quienes los primeros mencionados son cuñados y supuestamente funcionaban como testaferros de la legisladora por el Partido Revolucionario Moderno, Rosa Pilarte.
Pilarte quien enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos provenientes del narcotráfico, los cuñados fingieron ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de 20 inmuebles, entre los que se encuentra la mansión actual donde residen Miguel Arturo López Florencio y su familia.
La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están valorados en Ciento Ochenta y Tres Millones, Trescientos Ochenta y Seis pesos dominicanos RD$183,386,000.00 y cuyo oficio de Inoa Valdez y Cepeda Suárez son chofer y ama de casa, respectivamente.
De igual manera, la información financiera arrojó movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019, tuvo entradas de dinero ascendentes a Doscientos Cincuenta Millones Setecientos Doce Mil Seiscientos Cuatro pesos con Sesenta y Cinco centavos RD$250,712,602.65, para un total de Cuatrocientos Treinta y Cuatro Millones Noventa y Ocho Mil Seiscientos Cuatro pesos dominicanos con Sesenta y Cinco Centavos RD$434,098,604.65.
El Ministerio Público identificó las conductas de los acusados en la violación a las disposiciones de los artículos 2, numeral 11, 3 numerales 1, 2 y 3, artículo 6; 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, así como la Ley 83-02 que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana.
El equipo de fiscales, dirigidos por la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la licenciada Aura Luz García Martínez, procuradora fiscal titular de La Vega, confirmaron la individualización de cada acusado, con las pruebas recabadas en la etapa de la investigación, así como la relación entre cada uno de ellos.
Por su parte, el fiscal investigador, licenciado Claudio Cordero Jiménez, estableció que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, mediante el cual informó que se encuentran incautados todos los inmuebles identificados en la investigación y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio.
