SANTO DOMINGO.- El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional homologó el criterio de oportunidad solicitado por el Ministerio Público en favor de Víctor Matías Encarnación Montero, exdirector técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que fue liquidada.
En el acuerdo alcanzado, Encarnación Montero admitió su participación en los hechos investigados, que incluyen coalición de funcionarios con el objetivo de defraudar al Estado dominicano. Específicamente, se trató de pagos indebidos a ingenieros, autorizados por el entonces ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortíz. El criterio de oportunidad permite al exfuncionario beneficiarse de ciertas condiciones legales a cambio de su reconocimiento de los hechos y colaboración con las investigaciones.
Así como, la falsificación de datos sobre volumetría, con el fin de preparar cubicaciones con fechas alteradas en los presupuestos, para justificar el pago de estas, así como el reconocimiento de deudas y trabajos adicionales, como parte del entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con más de RD$21,000 millones, desmantelado mediante la Operación Calamar.
La Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA) hace referencia al artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que le faculta para realizar acuerdos con imputados y ofrecerles el criterio de oportunidad, a cambio de admisión de culpabilidad y colaboración en la investigación del hecho punible.
En las motivaciones, presentadas a la jueza Altagracia Rámirez, el órgano acusador establece que la efectiva colaboración del exfuncionario ha sido de suma importancia para la investigación de este proceso, ya que ha permitido esclarecer cómo operaba el entramado de corrupción en la OISOE y el Ministerio de Hacienda.
Los hechos cometidos por Matías Encarnación involucran la coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, incompatibilidades con su calidad, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, prescripción de la corrupción y enriquecimiento ilícito, así como delitos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Aplazan conocimiento de otros acuerdos
El conocimiento de la homologación del criterio de oportunidad en favor de Ramón Emilio Jiménez Collie “Mimilo”, Fernando Crisostomo Herrera, José Arturo Ureña Pérez, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Belkis Antonia Tejeda y el Grupo DIBEFE S.R.L., fue separado del proceso y aplazado para el 22 de agosto, tras los querellantes presentar nuevas oposiciones.
La asociación criminal orquestada por el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el ministro Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, estafó al Estado dominicano con más de RD$21,000 millones, a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y en sobornos para la campaña política del 2020.
El escrito de unas 3,662 páginas, con 46 personas acusadas, 34 de ellas personas físicas y 12 personas jurídicas”, detalla que utilizaron diversas instituciones del Estado, como el Ministerio de Hacienda, Contraloría General, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Banco de Reservas, y Dirección General de Presupuesto, para estafar y desfalcar al Estado Dominicano.
Entre los acusados en el entramado de corrupción además figuran Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
