Redacción.- El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional homologó los criterios de oportunidad solicitados por el Ministerio Público en favor de Baldemar Andriw Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, ambos vinculados en el proceso por corrupción denominado Operación Calamar.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, a la salida de la audiencia estableció que ambos criterios de oportunidad fueron acogidos en su totalidad por el tribunal.
“Al igual que el criterio de oportunidad de Víctor Encarnación, estos fueron acogidos en su totalidad y versan sobre las mismas condiciones, ya que son personas que colaboraron de manera eficaz con la investigación y han devuelto sumas de dinero como resarcimiento de los daños causados por su participación en el entramado de corrupción”, indicó Ortíz.
“Aproximadamente RD$40 millones”, indicó Mirna Ortíz al ser cuestionada sobre el monto que devolverán al Estado. Baldemar Andriw Ovalle Sánchez acordó devolver RD$32 millones, mientras que Camilo Andrés Peña Hernández devolverá RD$1,780.000.00.
Baldemar Ovalle Sánchez y Camilo Andrés Peña Hernández, admitieron los hechos que se le imputan en la acusación, la cual establece que estos se se asociaron con el exsenador de Azua Rafael Porfirio Calderón Martínez «para firmar cesiones de crédito ficticias, y cobrar por esta vía los sobornos para la tramitación de los pagos por expropiaciones de terrenos.
Sobre el la asociación criminal
La asociación criminal orquestada por el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y el ministro Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, estafó al Estado dominicano con más de RD$21,000 millones, a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y en sobornos para la campaña política del 2020.
El escrito de unas 3,662 páginas, con 46 personas acusadas, 34 de ellas personas físicas y 12 personas jurídicas, detalla que utilizaron diversas instituciones del Estado, como el Ministerio de Hacienda, Contraloría General, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Banco de Reservas, y Dirección General de Presupuesto, para estafar y desfalcar al Estado Dominicano.
Entre los acusados en el entramado de corrupción además figuran Daniel Omar Caamaño, ex contralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
