SANTO DOMINGO.- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó este martes por 45 minutos el conocimiento de medida de coerción que se lleva a cabo contra los imputados en la operación Camaleón.
La decisión fue tomada por la jueza Fátima Díaz , a fin de trasladar a los implicados y sus abogados a otra sala por cuestión de espacio. Los encantados fueron llevados al Primer Tribunal Colegiado ubicando en el primer piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Se espera que sea esta tarde cuando se le de conocimiento a la medida de coerción contra los siete implicados en la denominada Operación Camaleón.
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El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los encartados: Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre; José Ángel Gómez Canáan, mejor conocido como Jochi Gómez, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, además de Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., e INPROSOL S.R.L.
El Ministerio Público también solicita que el caso sea declarado complejo, conforme a lo que establece el Artículo 369 y siguientes del Código Penal Dominicano.
Los encartados están acusados de integrar una supuesta red de corrupción y lavado de activos que operó en el proceso de licitación en que resultó contratada la empresa Transcore Latam para el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Los siete imputados están siendo implicados un esquema de malversación de fondos públicos en el Intrant, bajo la gestión de Hugo Beras.
El Ministerio Público establece que los miembros de la red son imputados de desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, a través de medio de alta tecnología y robo de identidad.
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción fue aplazada la pasada semana para que las partes conozcan en detalle el expediente de solicitud de medida de coerción, que fue depositado por el Ministerio Público la noche del pasado viernes.
