En este país los administradores de grupos en WhatsApp tendrán que pagar por usar la app
Redacción. − El gobierno de Zimbabue ha anunciado nuevas regulaciones que impactarán el uso de WhatsApp en el país. A partir de una normativa, todos los administradores de grupos deberán registrarse y obtener una licencia de la Autoridad Reguladora de Correos y Telecomunicaciones de Zimbabue (POTRAZ).
Esta medida, según las autoridades, busca combatir la desinformación y reforzar la seguridad en un entorno digital cada vez más influyente. Sin embargo, para adquirirla tendrán que pagar una cuota que puede llegar hasta los 2,500 dólares.
La normativa, anunciada por las autoridades en Zimbabue, establece que los administradores de grupos deberán pagar un mínimo de 50 dólares para obtener la licencia, un costo que puede llegar hasta los 2,500 dólares dependiendo del tipo y alcance del grupo.
La normativa, anunciada por las autoridades en Zimbabue, establece que los administradores de grupos deberán pagar un mínimo de 50 dólares para obtener la licencia, un costo que puede llegar hasta los 2.500 dólares dependiendo del tipo y alcance del grupo.
Este requerimiento incluye, por ejemplo, grupos comunitarios, religiosos y empresariales que utilicen la plataforma como medio de comunicación con sus miembros.
Además, la normativa exige que cada grupo tenga un Oficial de Protección de Datos (DPO), certificado por POTRAZ, para garantizar que se cumpla con la Ley de Protección de Datos del país. Esta ley abarca cualquier información que pueda identificar a una persona, como los números de teléfono de los miembros, lo que justifica que los administradores de grupos se encuentren bajo su jurisdicción.
El gobierno de Zimbabue ha defendido esta regulación como una medida necesaria para mantener la paz y el orden público en un entorno donde las plataformas digitales tienen un papel predominante en la difusión de información.
La ministra de Tecnología de la Información, Publicidad y Servicios de Comunicación, Monica Mutsvangwa, subrayó que las licencias ayudarán a rastrear el origen de la información falsa que pueda incitar a la violencia o al desorden social. La necesidad de estas medidas, según las autoridades, se ve acentuada por el creciente uso de las redes sociales para propagar noticias que, si no se verifican, pueden tener consecuencias negativas para la estabilidad del país.
La reacción pública ante el anuncio ha sido variada. Si bien algunos sectores reconocen la necesidad de una mayor regulación para prevenir la desinformación, muchos ciudadanos y activistas temen que la medida sea un paso hacia la restricción de la comunicación libre. Las preguntas sobre cómo se implementará el proceso de licenciamiento y si se aplicará de manera justa a todos los administradores de grupos persisten.
La introducción de la regulación también podría afectar a pequeñas empresas, comunidades religiosas y grupos informales que utilizan WhatsApp como herramienta de organización y comunicación. La carga financiera y administrativa que implica la obtención de licencias y la designación de un DPO podría desincentivar la creación de grupos y limitar la participación en discusiones comunitarias esenciales.
