REDACCIÓN.- El Gobierno dominicano busca endurecer las consecuencias penales contra quienes utilicen a niños, niñas y adolescentes en actividades criminales. Para ello, el Poder Ejecutivo presentó ante el Senado un proyecto de ley que contempla condenas de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 1,000 salarios mínimos del sector público para los responsables de captar a menores de edad para bandas delictivas o grupos armados irregulares.
La propuesta, depositada el pasado 22 de octubre, plantea que los menores obligados o sometidos por estas estructuras no sean penalizados por los delitos que cometan como consecuencia de su participación en ellas. También establece que las autoridades puedan activar mecanismos de protección sin que sea indispensable una denuncia formal. Otro punto relevante es que las sanciones aplicarían incluso a organizaciones criminales que operen sin armas de fuego o sin ejercer control sobre un territorio.
El proyecto no limita la responsabilidad a las personas físicas, sino que contempla consecuencias legales para empresas y otras entidades que estén vinculadas a estas prácticas. Asimismo, propone destinar bienes decomisados a programas de asistencia para las víctimas y establece acciones dirigidas a identificar a tiempo los casos de reclutamiento, rescatar a los menores y facilitar su recuperación y reintegración a la sociedad.
Al defender la iniciativa en una comunicación dirigida al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el presidente Luis Abinader señaló que la legislación permitiría reforzar las herramientas jurídicas para enfrentar la captación de menores por parte de estructuras criminales. La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley y busca establecer medidas específicas para prevenir estas prácticas, sancionar a los responsables y garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes afectados.
