Santo Domingo.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, ha hecho declaraciones cuestionando la reciente renovación anticipada del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que otorga la gestión de 6 aeropuertos públicos por 30 años más a partir de 2030. Martínez, al igual que otros críticos, acusa al presidente Luis Abinader de falta de transparencia y de llevar a cabo una estrategia reeleccionista.
Martínez sostiene que la renovación, que no siguió los controles establecidos por la legislación vigente, viola el derecho a la libertad de empresa y la competencia libre y leal. Además, critica la falta de consulta a la sociedad y a sectores interesados, calificando la decisión como inconstitucional y carente de transparencia.
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El candidato del PLD también cuestiona la gestión pasada y presente de AERODOM, señalando la aprobación de la empresa hace más de 20 años por el Congreso, donde senadores de entonces ahora forman parte del gobierno de Abinader. Propone la posibilidad de realizar una licitación internacional transparente y competitiva en 2028, que, según él, podría generar mayores ingresos para el país.
La controversia en torno a la renovación anticipada destaca la importancia de la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones que afectan el patrimonio del país. Las declaraciones de Abel Martínez añaden una perspectiva política a la situación, planteando preguntas sobre el motivo y los posibles beneficios detrás de esta renovación anticipada.
Discurso
Hace unos días se firmó un contrato manchado de falsedad, simplemente por no querer cumplir con el debido proceso para la adjudicación de una concesión.
Se trata de la renovación del contrato con AERODOM por 30 años más a partir del 2030, de la gestión de 6 aeropuertos públicos, sin agotar los controles que establecen las legislaciones vigentes, violando así el derecho a la libertad de empresa, la competencia libre y leal; en consecuencia: permitiendo los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante.
Es una decisión inconstitucional y carente de transparencia, que el pueblo desconocía hasta el momento de su anuncio, y que se realizó sin escuchar a la sociedad y a los diferentes sectores interesados, tomando como excusa que el contrato actual no le ha dejado beneficios al Estado dominicano.
Esa empresa de la que hoy se alega que no le deja beneficios al Estado dominicano, es la misma que hace más de 20 años aprobó el Congreso, cuyos senadores de entonces son hoy ministros y directores del gobierno de Abinader.
Lo correcto, lo ético y lo legal es que la discusión y negociación de la concesión para el manejo de esos aeropuertos le corresponda al gobierno que se instale el 16 de agosto del 2028, el cual, tomando como referencia un flujo de pasajeros que se proyecta alcanzará los 12 millones de pasajeros por año, podría realizar una mejor negociación con quien sea beneficiario de la administración de esas terminales del Estado.
Bajo el esquema de una licitación internacional transparente, competitiva y legal, aportaría más de 6 mil millones de dólares a la Nación, en lugar de los 2 mil millones de dólares que Abinader ha aceptado como bueno y válido, a cambio de un adelanto de 775 millones de dólares que constituyen otro préstamo disfrazado de adelanto de ingresos.
Entonces, la pregunta que debería responderle al pueblo dominicano sería: ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Cuál es el afán de renegociar hoy si aún quedan 7 años de concesión?
¡Esto es lo que verdaderamente quiere saber el pueblo dominicano!
El mismo candidato del PRM que ha pregonado que el dinero le rinde, busca quitar recursos a las futuras generaciones para supuestas obras que no va a realizar. Es una acción más para buscar la reelección a cualquier costo, prometiendo lo que no ha hecho en 3 años y 3 meses.
Además, si la empresa que hoy administra los aeropuertos del Estado otorgados en concesión no ha cumplido con las inversiones necesarias, según lo expresado por el presidente, lo correcto es evaluar el desempeño de la concesionaria actual, antes de adjudicar; en lugar de renovarles la concesión 7 años antes del vencimiento de la misma.
Eso es todo lo contrario al “poder de la honestidad” que pregona el presidente de la República, como su slogan de campaña reeleccionista; son palabras vacías; pues, en los hechos no actúa de manera honesta para defender los intereses del país.
Los dominicanos y dominicanas NO vamos a aceptar una negociación OPACA y OCULTA, que afecta el patrimonio del pueblo dominicano.
En conclusión, no procede la realización de una falsa renegociación del contrato de concesión actual, bajo una ley aprobada por la mayoría del oficialismo que excluye todos los principios de eficiencia, igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad, que permite al presidente-candidato crear un monopolio que impide la mayor participación posible en un proceso que debe ser abierto, y en el cual el Estado pueda seleccionar al mejor oferente para una nueva concesión, velando siempre por los intereses del pueblo dominicano y no de particulares.
Presidente, en esta ocasión, le toca hacer lo que mejor sabe hacer:
¡Recule!
¡Dele pa’trá a eso!
¡Con los intereses del pueblo no se juega!
