SANTO DOMINGO.- La abogada de Hugo Beras, exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), ha anunciado que apelarán la decisión de la Oficina de Atención Permanente, que dictó 18 meses de prisión preventiva en el marco de la operación Camaleón.
Laura Acosta, enfatizó que «esto apenas comienza», indicando que están preparados para seguir luchando legalmente. También expresó su respeto por la decisión de la jueza Fátima Veloz, sugiriendo el enfoque profesional en su defensa.
Laura Acosta, indicó que la magistrada Veloz decidió no declarar el arresto y allanamiento a Beras, como había solicitado la defensa. La jueza consideró que no existían los elementos necesarios que respaldaran las afirmaciones sobre lo sucedido la noche del 2 de octubre.
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Destacó que la magistrado determinó la medida coercitiva entendiendo que por tratarse de un exfuncionario de alta jerarquía existía riesgo en la investigación.
También José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant fueron enviados a prisión.
En tanto, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant tendrá impedimento de salida y prisión domiciliaria, mientras que Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant, Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas deberán pagar una garantí económica.
Cargos contra los imputados:
- Corrupción administrativa:
- Se les acusa bajo el artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República Dominicana, que prohíbe la corrupción en la administración pública. También enfrentan cargos de coalición de funcionarios (artículos 123 y 124 del Código Penal), al haber conspirado para obtener beneficios ilícitos mediante su influencia y cargos en el gobierno.
- Uso indebido de documentos:
- Según los artículos 147, 150 y 151 del Código Penal, los imputados habrían utilizado documentos privados falsificados y manipulados para favorecer a la empresa Transcore Latam en licitaciones y adjudicaciones irregulares.
- Desfalco y estafa al Estado:
- Los cargos de desfalco (artículos 171 y 172) y estafa en perjuicio del Estado (artículo 405) señalan que los implicados desviaron fondos públicos destinados a proyectos relacionados con la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, causando pérdidas millonarias.
- Asociación de malhechores:
- El Ministerio Público también imputa a los arrestados por asociación de malhechores (artículos 265 y 266 del Código Penal), debido a su participación en una red organizada que operaba con fines delictivos en perjuicio de los intereses del Estado.
- Sabotaje y delitos de alta tecnología:
- En virtud de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, los acusados enfrentan cargos de sabotaje (artículos 11, 17, 27 y 28), por haber manipulado ilegalmente la red semafórica del Gran Santo Domingo, además de robo de identidad y delitos contra la nación.
- Contrabando:
- Los cargos de contrabando (artículos 5, 33, 34, 35 y 36 de la Ley 17-19) apuntan a que los imputados facilitaron el ingreso y uso de productos regulados de forma ilícita, vinculados a la operación de Transcore Latam.
- Lavado de activos y financiamiento del terrorismo:
- Según la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, los implicados habrían utilizado el dinero desviado para financiar operaciones ilegales, incluyendo financiamiento del terrorismo (artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de la misma ley).
- Actos de terrorismo:
- Finalmente, los arrestados enfrentan cargos por terrorismo (artículos 5 y 8 letra F de la Ley 267-08), tras la serie de acciones que causaron interrupciones masivas en la red vial del Gran Santo Domingo, lo que afectó la seguridad y el orden público.
