SANTO DOMINGO, RD- El Colegio de Abogados de la República Dominicana, denunció que existe la complicidad de las autoridades civiles, militares y el empresariado en la sustitución masiva de mano de obra local por obreros haitianos indocumentados en los sectores agrícolas y de la construcción.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, indicó que esa complicidad se constituye en una actividad criminal de tráfico ilegal de migrantes, sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
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Alertó que se busca la legalización y regulación generalizada de los más de dos millones de indocumentados haitianos que hay en el país, cuyo costo de soporte y manteamiento se quiere cargar a los dominicanos, mediante un impuesto disfrazado de contribución.
