Abogan por indultos a privados con prisión preventiva en cárceles del país
Esta realidad alarma a distintos sectores que piden a jueces y fiscales dejar de hacer un uso abusivo y excesivo del recurso de la prisión preventiva como principal medida de coerción.
SANTO DOMINGO, RD.- El sistema penitenciario dominicano sigue enfrentando el desafío de descongestionar las cárceles donde más de un 60% domina una población de presos preventivos, en franca violación a los derechos fundamentales.
El uso desmesurado de la coerción ha generado una crisis que impacta y afecta el sistema de justicia, primero con una creciente sobrepoblación carcelaria y segundo con el incremento de la cantidad de procesos en los tribunales penales.
Esta realidad alarma a distintos sectores que piden a jueces y fiscales dejar de hacer un uso abusivo y excesivo del recurso de la prisión preventiva como principal medida de coerción.
Y es que actualmente por cada 100 mil privados 62 están en prisión preventiva.
De 27 mil privados tanto del nuevo como del viejo modelo penitenciario más de 15,000 son preventivos de acuerdo al informe estadístico que publicó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
El Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres ostenta la corona por ser “el paraíso de los presos preventivos” en términos porc
entuales. Allí, en una población de 2,445 reclusos, aproximadamente seis de cada diez están bajo medida cautelar, es decir, mil 612.
En La Victoria, cerca de tres de diez son preventivos, representando un 34.3% de todos los privados de libertad en ese penal.
El Código Procesal Penal indica que “solo es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado».
Algunos sectores como es el caso del expresidente de la Comisión de los derechos humanos en la Cámara de Diputados, representantes de las iglesias abogan por retomar los indultos, al explicar que cientos están en situación de vulnerabilidad y enfermos, en algunos casos por delitos leves.
La última vez que se indultó en el país fue en el año 2012.
Agilizar los procesos penales abiertos para conocimiento de los juicios fondo; que haya sentencias definitivas, es necesario para que haya menos población carcelaria preventiva.
