Santo Domingo, RD- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, implora a la procuradora general de la república, magistrada Mirian German Brito, para que inicie de inmediato una investigación, que permita conocer el costo real de su construcción, que permitiría conocer su manejo financiero desde el inicio de sus operaciones y lo más importante, su valor actual de mercado, lo que no ha sido posible conocer, por la opacidad de los miembros de la comisión de liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, designada por el presidente de la república Luis Abinader, mediante el decreto No. 342-20, del 16 de agosto del año 2020.
Estamos totalmente de acuerdo con el presidente Luis Abinader, al referirse en Madrid, España, mientras participaba de la Fitur 2022, al manifestar “¿Y por qué ellos están tan preocupados?, que se va a vender. No, no se va a vender. ¿Es que si se va a vender quizás se va a saber el verdadero costo de Punta Catalina? Pero les puedo llevar tranquilidad, no se va a vender”, de que las preocupaciones por el aprobado contrato de fideicomiso, por parte de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y personalidades, son infundadas, porque el fideicomiso no es un contrato de compra y venta, a lo que el presidente de la organización que lucha contra la corrupción, dijo que es peor, porque si se trataba de una transferencia, el Estado estaría recibiendo recursos, pero que en el actual estadio, se estaría cediendo, a título gratuito.
Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO, sostuvo que con el contrato de fideicomiso de la planta Punta Catalina no se está vendiendo la central termoeléctrica al sector privado, sino que se está cediendo, lo que sería peor, “tenemos el derecho de pensar que el fin ulterior es que el sector privado, que siempre ha querido tener esta termoeléctrica, concluya con ello, es verdad que no se está vendiendo, se está haciendo algo peor que es cediendo, transfiriendo sin ellos haber transferido un peso”, sostuvo.
La privatización de Punta Catalina entraría por la figura del fideicomitente adherente que tiene el contrato que está en el Congreso y fue aprobado en dos lecturas en la Cámara de Diputados. “Ese fideicomitente adherente va a entrar ya en ejecución el fideicomiso, lo que significa que podrá hacer aportes, el contrato no establece tope, pudiera incluso superar el valor de la central porque una de las fallas que tiene el fideicomiso también es que se ha establecido un valor de la central en 2,350 millones de dólares”, expuso.
Señaló que de ser aprobado este contrato no valdrá ninguna auditoría de costo que se pueda realizar e indique que la central termoeléctrica tiene un valor distinto a 2,350 millones de dólares, como establece el contrato, explicó que el fideicomiso tiene una serie de condiciones en donde la fiduciaria, que en esta caso es del Banco de Reservas, va a cobrar un porcentaje por ser depositaria, lo que es correcto, mas cree no beneficia a los dominicanos.
“En este contrato de fideicomiso puede cambiar de fiduciaria, entonces puede empezar con la del Estado, pero puede terminar con otra, no es beneficioso que la fiduciaria, sea del Estado o de cualquiera, sea receptora de un porcentaje de lo que administra cuando Punta Catalina se puede administrar por sí sola”, la falta de transparencia en ese contrato se da a relucir cuando se ve que el contrato establece que el fideicomiso se someterá al secreto fiduciario, donde “nadie puede requerir informaciones”. Concluyó.
