La audiencia fue reprogramada para el próximo viernes 13 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, luego de que el abogado que representaba al imputado comunicara que renunciaba a continuar con su defensa. Ante esta situación, De la Cruz Sosa fue remitido a la Defensoría Pública para que se le asigne un nuevo representante legal.
A su salida del tribunal, la representante del Ministerio Público explicó que la calificación jurídica provisional del caso contempla un presunto intento de terrorismo y adelantó que solicitará la imposición de prisión preventiva como medida de coerción. Indicó, además, que la investigación continúa en curso y que durante la audiencia serán presentados los elementos que sustentan la solicitud.
El imputado negó las acusaciones mientras era trasladado al tribunal. En tanto, familiares, amigos y representantes de organizaciones populares se manifestaron frente al Palacio de Justicia para exigir su libertad, al asegurar que es una persona trabajadora y rechazar los señalamientos en su contra.
De la Cruz Sosa fue arrestado el pasado martes mediante una orden judicial, durante un allanamiento realizado en un apartamento ubicado en la calle Joaquín Balaguer, sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público también allanó la Ferretería Molina, establecimiento donde labora el investigado, ubicado en la avenida Profesor Juan Bosch. En estos operativos fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas que, según las autoridades, están bajo evaluación como parte de las evidencias del caso.
De acuerdo con la solicitud de allanamiento, los organismos de inteligencia habían alertado sobre presuntas intenciones de atentar contra el mandatario. La investigación cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La orden judicial que autorizó los allanamientos hace referencia a una investigación sobre la planificación de un presunto atentado terrorista contra Abinader, que supuestamente sería ejecutado el 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución, en la sede del Congreso Nacional.
