Redacción.- La ONG Prisoners Defenders alertó este sábado que, tras las protestas del pasado 17 y 18 de marzo, 32 personas fueron detenidas en Cuba. La cifra, que aunque no fue confirmada por otras agrupaciones sí coincidió con sus denuncias sobre estos mismos abusos, aún podría aumentar ya que la falta de datos oficiales dificultan este monitoreo.
Según la organización española, la mayoría de estas aprehensiones se dieron en la provincia de Holguín (13), seguida por Santiago de Cuba (7), La Habana (4), Cienfuegos (2) y Artemisa (2). Asimismo, hasta el momento, sólo seis de ellos han sido puestos en libertad.
La última ola de manifestaciones en Cuba se inició el último domingo en el este de la isla, donde cientos de personas salieron pacíficamente a las calles para protestar por los apagones y la falta de alimentos que dan cuenta de la aguda crisis social y económica, y que dificultan su vida día a día. Inclusive, poco antes se había alertado de la emergencia hídrica y energética allí, y hasta se conoció que el régimen de Miguel Díaz-Canel había pedido, por primera vez, ayuda al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
Sin embargo, los gritos de “corriente y comida” rápidamente comenzaron a mezclarse con los de “libertad” y “Patria y vida”, los lemas entonados en las masivas protestas contra el régimen del 11 de julio de 2021.
Estos episodios se vieron replicados en Santa Marta -en el centro del país- y El Cobre y Bayamo -al este-, donde decenas de vecinos se concentraron en las afueras de una comisaría en la que estaban detenidos muchos presos políticos.
A estas víctimas de la represión cubana se suman los casos de otros 1.067 civiles que están privados de su libertad en Cuba, según detalló el más reciente informe de la ONG.
“En los últimos 12 meses (1 de marzo de 2023 a 29 de febrero de 2024) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 168 nuevos presos políticos (un promedio de más de 14 nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.234 prisioneros políticos”, comenzó el documento difundido por la organización que precisa, además, que más de 200 de ellos no reciben el tratamiento médico que necesitan.
“El número de presos políticos y presos de conciencia en Cuba ha aumentado drásticamente”, exponiendo así que “el Gobierno cubano sigue recurriendo a la detención arbitraria para acosar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas”, continúa el texto.
Tras conocerse estas cifras, el Parlamento Europeo condenó “en los términos más enérgicos” estas violaciones y abusos sistemáticos e instó a las autoridades a poner fin a ellas inmediatamente y sin condiciones. Por otro lado, reiteró su “llamamiento al Consejo para que aplique el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (la denominada ‘Ley Magnitski de la UE’) y adopte sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba, empezando por sancionar a Miguel Díaz-Canel, como figura de mayor rango en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad cubanas, así como a otros altos funcionarios del Gobierno cubano y a todos los responsables del encarcelamiento de presos políticos”.
