SANTO DOMINGO.- El caso Calamar tiene varios delatores y uno de principales es Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como Mimilo, quien durante un interrogatorio dijo a los fiscales que, dentro de El Proyecto, con los que se hacían supuestos cobros ilegales a bancas, casinos y máquinas tragamonedas ubicadas en colmadones, se encontraban consorcios de lotería que pagaban hasta 8 millones de pesos para que las dependencias que no estaban legalizadas operaran sin que el Ministerio de Hacienda, bajo el mando en ese momento del exministro Donald Guerrero, pudiera fiscalizarles.
Según Jiménez Collie, una de las formas con las que el supuesto entramado recaudó gran cantidad de dinero para la campaña política, fue lucrándose mensualmente del monto de 30 millones de pesos de ganancias, por los supuestos cobros ilegales a favor del presunto entramado corrupto contra el fisco.
En la materialización de los operativos de recolección que hacían con las bancas y los colmados participaron, Fernando Crisóstomo, José Arturo, además su mano derecha, José Pablo Ortiz y otra persona que era dueño de un restaurante, al coronel Made Montilla, quien según él no conocía.
Con el supuesto consentimiento, del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, para beneficiar al candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) del año 2020, Gonzalo Castillo, porque «había que buscar más recursos», expresó Mimilo durante el interrogatorio.
Mediante lo escrito en el documento sobre el interrogatorio de 30 páginas preparado por el Ministerio Público, la llevada por Mimilo, fue de casi 150 millones de pesos «en la primera etapa» de El Proyecto.
La expropiación de terrenos era otra de las maneras de recaudar dinero, cuyas transacciones se hacían en efectivo, según el órgano acusador, con expropiaciones de terrenos del Estado, «cuya participación fue vital para lograr los libramientos emitidos por el Ministerio de Hacienda» de ese tiempo.
Según ha informado el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, cinco nuevas querellas han sido mostradas contra implicados en la Operación Calamar por instituciones afectadas del sector privado.
«Esos intereses privados se ha acercado al tribunal con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho. A esos fines han estado depositando querellas los últimos días en el tribunal, incluso se depositaron querellas en el día de hoy», declaró el magistrado su salida de la audiencia.
El caso Calamar ha sido retrasado en dos ocasiones, y de acuerdo con Camacho, las nuevas querellas presentadas por el Estado, basada en los mismos hechos que presento el Ministerio Público, y ha sido la razón del aplazamiento de la audiencia para el próximo miércoles cinco de abril , ya que esas fueron notificadas a las contrapartes y estas no sólo amenazan con alargar y complicar el proceso judicial.
