Santo Domingo. — El Tribunal Superior Administrativo conoció este viernes el juicio de fondo de la demanda interpuesta por la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (ASOCIVU) que busca la nulidad contra el decreto 420-23 que establece el Reglamento para el Registro Nacional de Vehículos de Motor y las licencias para los concesionarios.
ASOCIVU se mantiene confiado en que el juez fallará a su favor, asegura el decreto que afecta a miles de empresas y subsectores, y poniendo en riesgo más de 200,000 empleos directos e indirectos.
El documento de solicitud legal va dirigido también a la Administración Pública que dictó el decreto 420-23 de fecha 18 de septiembre de 2023 y contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en su calidad de autoridad convocante y ente administrativo que ostenta la administración del Registro Nacional de Vehículos de Motor, así como la competencia exclusiva para la expedición de la licencia de concesionario, distribuidor o vendedor de vehículos de motor y remolques.
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene la publicación del decreto 420-23 en fecha 18 de septiembre del 2023, con una disposición final que indica que los importadores, concesionarios, distribuidores y vendedores autorizados de vehículos de motor y remolques que al momento de entrada en vigor del reglamento se encuentren en operación, contarán con un plazo de 120 días hábiles a partir de la promulgación para solicitar a la DGIl la licencia.
