SANTO DOMINGO.-La audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción contra los implicados en el caso Camaleón ha entrado en receso, mientras el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional evalúa el pedido de la defensa de uno de los imputados para aplazar la sesión hasta la próxima semana.
La solicitud se basa en que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron depositadas en un dispositivo USB que no permite su acceso, lo cual, según la defensa, afecta la capacidad de garantizar una adecuada defensa. Los detalles fueron proporcionados por los abogados Máximo Miñoso y Ricardo Alcántara.
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SOBRE CASO :
Los acusados plasmados en el expediente son: Hugo Beras, ex director ejecutivo del INTRANT; el empresario José Ángel Gómez (Jochi), Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero además de las empresas Transcore Lata, S.R.L.; Aurix SAS e INSOPROL SRL.
Desde las 11 de la mañana,se le conoce medidas de coerción al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario Jochy Gómez, y otros acusados de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, implicada en delitos como desfalco, estafa al Estado, falsificación, coalición de funcionarios y contrabando.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para siete detenidos, incluidos Hugo Beras y Jochy Gómez, los cuales tendrán una audiencia en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras la presentación de la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público durante la noche del viernes.
Los detenidos están acusados, además, de comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología, y robo de identidad, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato, que el Ministerio Público tilda de fraudulento, para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un contrato «ilegal» con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix firmado el 23 de junio del 2020, utilizado «para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto», afirmó la información.
Los arrestos se realizaron tras la puesta en marcha de la denominada operación Camaleón, desplegada en la noche del miércoles, cuando las autoridades allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
Durante los allanamientos «se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público», que califica la acción como una de las «más exitosas» contra el crimen organizado, de acuerdo con un comunicado divulgado el jueves por el órgano persecutor.
