Becados que no regresen a RD podrían tener que devolver dinero recibido del Gobierno

Telemicro Prensa
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Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda discusión, un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Becas, iniciativa que establece nuevas condiciones y sanciones para los ciudadanos que reciban financiamiento del Estado para cursar estudios superiores.

La propuesta, presentada por el diputado José Caraballo, procura ampliar el acceso a la educación superior, técnica y profesional, mediante facilidades económicas dirigidas a estudiantes dominicanos.

Entre las disposiciones más relevantes figura la obligación de los beneficiarios que realicen estudios en universidades del extranjero de regresar a la República Dominicana una vez concluyan su formación y permanecer en el país durante un período de entre dos y cinco años.

Quienes no cumplan con este compromiso podrían ser obligados a reintegrar al Gobierno una parte o la totalidad de los recursos públicos utilizados para financiar sus estudios, según las condiciones establecidas en la iniciativa.

El proyecto sostiene que esta disposición responde al principio de reciprocidad social, al considerar que los conocimientos adquiridos mediante recursos estatales deben contribuir posteriormente al desarrollo del país.

Requisitos para los beneficiarios

La propuesta también contempla una serie de responsabilidades para quienes reciban una beca, entre ellas mantener un rendimiento académico mínimo, destinar los recursos exclusivamente a su formación y entregar la documentación requerida por las autoridades.

El incumplimiento de estas obligaciones podría generar amonestaciones escritas y la suspensión temporal de los recursos.

Asimismo, quienes utilicen indebidamente parte del dinero recibido podrían enfrentar el reintegro proporcional de los fondos y quedar impedidos de participar en nuevas convocatorias de becas por un período de hasta tres años.

Sanciones por fraude

El proyecto establece medidas más severas cuando se detecte la presentación de documentos falsos o adulterados, el uso fraudulento de los recursos o la manipulación de registros académicos.

En esos casos, la beca podría ser cancelada de manera definitiva, mientras que el beneficiario tendría que devolver la totalidad de los fondos recibidos y podría quedar inhabilitado para solicitar nuevas becas por hasta 10 años.

Además, los casos que pudieran constituir delitos serían remitidos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Medidas contra funcionarios

La iniciativa también contempla consecuencias para funcionarios que incurran en corrupción, favoritismo o asignación irregular de becas.

El proyecto establece que, además de las disposiciones contempladas en la propuesta, podrían aplicarse las sanciones previstas en las leyes relacionadas con la Función Pública, Compras y Contrataciones Públicas, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El proyecto deberá ser conocido ahora por el Senado de la República. Si también recibe aprobación en esa cámara, corresponderá al presidente Luis Abinader decidir si promulga la iniciativa.

¿Quién administraría el sistema?

El Consejo Nacional de Becas (Conabe) estaría bajo la coordinación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y contaría con la participación de instituciones como el Ministerio de Educación (Minerd), Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Juventud, Infotep, UASD, universidades privadas, ITLA y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

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