Santo Domingo.- El senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, propone que el Senado invite a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional a comparecer ante el pleno para explicar las muertes ocurridas en los llamados “intercambios de disparos”, los protocolos para el uso de la fuerza letal y los mecanismos de investigación en estos casos.
“Hay que combatir el delito con firmeza, pero aquí no hay pena de muerte. El Estado de derecho hay que respetarlo y mantenerlo. Un policía no debe usar fuerza letal si no existe una amenaza inminente contra su vida o la de otra persona y su uso resulta estrictamente inevitable para protegerla. Decir que hubo un ‘intercambio de disparos’ no puede sustituir una investigación ni justificar automáticamente una muerte”, expresó Taveras.
El legislador recordó los casos de Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte, esposos evangélicos abatidos por agentes policiales el 30 de marzo de 2021 en Villa Altagracia cuando regresaban de una actividad religiosa. También citó el caso de La Barranquita, en Santiago, donde cinco hombres murieron durante una intervención policial en septiembre de 2025.
Según los boletines de seguridad ciudadana, en 2025 se registraron 215 muertes clasificadas como “intervención legal” de agentes del orden, equivalentes a casi el 16 % de los 1,371 homicidios contabilizados. Durante el primer semestre de 2026, la categoría alcanzó 144 muertes, correspondientes al 23 % de los 625 homicidios registrados en ese período.
La propuesta busca que las autoridades expliquen cómo se verifica la versión de los agentes involucrados, cuáles investigaciones realiza la Dirección de Asuntos Internos y qué resultados han producido. También solicita información sobre la coordinación con el Ministerio Público y los procedimientos para evitar que las operaciones de captura y detención terminen innecesariamente con la pérdida de vidas humanas.
La resolución sostiene que tener antecedentes delictivos, estar bajo investigación o ser objeto de una orden de arresto no justifica por sí solo el uso de fuerza letal. Aunque reconoce que las estadísticas no prueban por sí mismas un uso sistemático y desproporcionado de la fuerza, considera que las cifras obligan a las autoridades a ofrecer explicaciones y garantizar investigaciones objetivas.
