REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La Policía Nacional ha detenido a 24 personas que integraban una banda criminal con ramificaciones en América Latina que supuestamente defraudó más de 25 millones de euros de Impuesto al valor agregado en el comercio de equipos informáticos.
En el marco de la operación, llevada a cabo en colaboración con la Agencia Tributaria y bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO) en España, los agentes han realizado 13 registros en Madrid, Guadalajara y Cádiz a lo largo de esta semana, ha informado la Dirección General de la Policía.
Como resultado de estos registros, los más de 200 efectivos que participaron han logrado detener a 24 personas e incautar bienes por valor de más de 4,8 millones de euros -entre los que se incluyen inmuebles y vehículos-, 135.000 euros, objetos de valor, dispositivos electrónicos e informáticos y abundante documentación.
También se han congelado centenares de cuentas bancarias en España, Bélgica, Lituania y Rumanía, al tiempo que se han dictado órdenes de incautación y otras medidas de investigación países de América Latina.
El principal investigado, una persona con numerosos antecedentes policiales y judiciales, contaba en su domicilio con numerosos reptiles y especies exóticas, 85.000 euros en efectivo y una colección de relojes de lujo.
La organización desarticulada estaba considerada una de las más activas en el ámbito del fraude del IVA dado que las pesquisas, que han durado dos años, acreditaron que entre 2021 y 2023 los investigados crearon una compleja estructura societaria formada por entidades en España, estados miembros de la Unión Europea y América Latina.
A través de ellas canalizaban adquisiciones intracomunitarias destinadas a la principal sociedad de los investigados, que actuaba como nodo de distribución.
Para hacer efectivo su esquema de fraude, la trama se aprovechaba de la normativa europea sobre operaciones transfronterizas entre los estados miembros, que están exentas de IVA, para las cuales utilizaba una cadena de sociedades ficticias que desaparecían sin cumplir con las obligaciones fiscales.
Asimismo, otras empresas de la trama reclamaban a Hacienda devoluciones de ese IVA que nunca se había llegado a ingresar en las arcas públicas.
Gracias al fraude fiscal derivado de no pagar el impuesto sobre los bienes en ninguna etapa de la comercialización, la empresa principal pudo distribuir sus productos electrónicos a precios muy inferiores al de mercado, lo que reforzaba su facturación y perjudicaba a sus competidores.
De acuerdo con la investigación realizada, la estructura corporativa, dirigida por testaferros, canalizó grandes sumas de ganancias ilícitas hacia la adquisición de inmuebles.
Además, los investigados empleaban estructuras y medidas de seguridad propias de los grupos del crimen organizado, entre ellas el uso de aplicaciones de comunicación electrónica utilizadas para evitar ser detectados por las autoridades.
