SANTO DOMINGO.- La Operación Gavilán ha desvelado un entramado criminal dentro de las instituciones de seguridad y justicia en la República Dominicana. Doce individuos han sido arrestados por el Ministerio Público (MP) bajo acusaciones de favorecer a más de 16 mil personas mediante la eliminación y adulteración de sus antecedentes penales. Entre los arrestados se encuentra Antony Vicente Ferrer Monegro, miembro de la Policía Nacional (PN), quien ha admitido todas las imputaciones en su contra.
El sargento Ferrer Monegro, con cinco años y dos meses de servicio en la PN desde su ingreso en junio de 2018, habría formado parte de una compleja trama criminal que alteraba el estatus jurídico de personas procesadas y registradas en plataformas de información interna de los organismos de seguridad del país. Además, según las autoridades, aprovechó su posición y acceso en la Procuraduría General de la República para asociarse con personas externas, recibiendo pagos de sobornos camuflados bajo el nombre de «Pago de la Procuraduría«.
El caso ha sacudido los cimientos de las instituciones de seguridad y justicia en el país, ya que los acusados se habrían valido de su posición para manipular registros penales y beneficiar a miles de individuos. La Operación Gavilán también ha señalado la implicación de Mártires Rosario Reyes, exsoporte técnico en el departamento de Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría, como uno de los principales contactos que facilitaba la retirada de fichas penales adulteradas.
El MP estima que Reyes recibió cerca de RD $4,092,150 pesos en transferencias por el supuesto pago de servicios, incluyendo RD $508,400 transferidos por Ferrer Monegro.
Este escándalo de corrupción y manipulación de registros penales subraya la necesidad de una revisión profunda de los sistemas internos de las instituciones de seguridad y justicia, así como de la implementación de medidas más rigurosas para prevenir y detectar actividades delictivas dentro de estas organizaciones. La investigación continúa mientras se busca determinar la extensión total del entramado y se toman acciones legales apropiadas contra los implicados.
