Chile.- Este domingo los chilenos vuelven a las urnas para votar “A favor” o “En contra” de una nueva propuesta de Constitución, elaborada esta vez por un Consejo Constitucional dominado por una mayoría de miembros del Partido Republicano y Chile Vamos, la derecha tradicional chilena.
De triunfar la opción “En Contra” – apoyada por el gobierno y la izquierda y la que lidera todas las encuestas-, se mantendrá vigente la actual Constitución, impuesta en 1980 por el régimen de Augusto Pinochet y reformada por el presidente socialista Ricardo Lagos en 2005.
Es decir, un triunfo pírrico, con sabor a derrota para Boric y su gobierno, pues los partidos de izquierda perdieron el año pasado la oportunidad de instalar una Constitución a su pinta y ya firmaron una declaración conjunta donde se comprometieron a no impulsar un tercer proceso constituyente, producto del cansancio de los electores.
“Nos guste o no nos guste, se cierra un proceso al menos en el corto y mediano plazo y eso fija certezas en Chile”, aseguró la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.
Sin embargo, en caso de imponerse la opción “A Favor”, la derecha chilena será la gran ganadora, pues impondrán una nueva Constitución a su medida y potenciarán la imagen de sus dos presidenciables, la alcaldesa Evelyn Matthei y el líder el Partido Republicano, José Antonio Kast.
“El Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes (…) convocar al Congreso Pleno para que, en un acto público y solemne, se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución Política de la República”, indica la norma actual.
De ser así, el texto será publicado en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia en dicha fecha, quedando derogada la presente Constitución.
De todas maneras, será necesario un periodo de transición, ya que hay una serie de modificaciones legales que están incluidas en el mismo texto que son parte de las normas transitorias. Además, la nueva Constitución obligará al Congreso a impulsar varios proyectos de ley que están incluidos en el texto, además de la creación de nuevos organismos.
Un poco de historia
¿Pero cómo llegaron los chilenos a enfrascarse en un proceso constitucional que ha implicado cuatro años de dimes y diretes entre izquierda y derecha, un intento fallido de cambiar la Constitución actual y millones de dólares despilfarrados, sin resultado positivo alguno?
La crisis se desató con el estallido social del 18 de octubre de 2019, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, cuando a modo de protesta por el aumento del precio del pasaje del Metro en $30 pesos (3 centavos de dólar), estudiantes hicieron evasiones masivas en el metro, rompiendo torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar. Pronto la violencia se tomó las calles de Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas.
El gobierno decretó estado de emergencia y toque de queda, desplegando en las calles a los militares. Pero rápidamente el gobierno de Piñera se vio forzado a ceder y anunció la suspensión del alza en la tarifa del metro, afirmando que había escuchado “con humildad la voz de la gente”.
Sin embargo, este anuncio no atenuó la furia de los chilenos que corrió como reguero de pólvora: los días siguientes ciudades grandes como Santiago, Valparaíso y Concepción y otras más pequeñas, fueron vandalizadas y amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera.
“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”, dijo entonces Piñera en un mensaje televisado el domingo 20 de octubre.
Durante casi un mes las protestas se sucedieron a diario y el gobierno reprimió con dureza a los manifestantes: al menos 19 personas murieron y 400 sufrieron trauma ocular por parte de efectivos policiales. “No son 30 pesos, son 30 años”, era la consigna: la gente clamaba descontenta contra el modelo económico y político chileno, probablemente uno de los más desiguales de Latinoamérica, instaurado con la Constitución de Pinochet en 1980.
Primera propuesta
Como las manifestaciones parecían no apaciguarse, la mayoría de los partidos políticos firmaron un acuerdo para redactar una nueva constitución política y descomprimir la caótica situación. El plebiscito fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a consecuencia de la pandemia, fue postergado para el 25 de octubre de ese año.
Este plebiscito tuvo la mayor participación en la historia de Chile desde la instauración del voto voluntario, y un 78,3% de los chilenos decidió de manera abrumadora aprobar un proceso constitucional, cuyo texto debía elaborar una Convención Constitucional compuesta por miembros elegidos democráticamente. Esta Convención fue la primera en el mundo en ser paritaria (78 hombres y 77 mujeres), tenía 17 escaños reservados para los pueblos originarios y estuvo dominada por partidos de izquierda, quienes aseguraron que esta vez “nosotros pondremos las reglas”.
Tras un año de funcionamiento que se vio empañado por el escándalo Rojas Vade – vicepresidente adjunto de la Convención que fingió cáncer para estafar a amigos y seguidores -, el país se polarizó producto de campañas de desacreditación y fake news por ambas partes. Finalmente, el texto evacuado por la Convención fue rechazado por un 62% de los electores el 4 de septiembre de 2021, dando por el traste con las pretensiones de la izquierda de instaurar una Constitución afín a sus intereses.
Segunda propuesta
Al día siguiente, el presidente Boric comenzó una serie de conversaciones con los diversos actores políticos para dar continuidad al proceso, atendiendo al 78,3% de los chilenos que habían votado por cambiar la Constitución de 1980. Tras varias tratativas, se acordó elegir un Comité de Expertos de 24 personas– designados por el Congreso Nacional-, que elaboraría un anteproyecto el cual sería refrendado por un Consejo Constitucional, compuesto por 50 miembros elegidos por votación popular. Dicho Consejo quedó, esta vez en manos de los partidos de derecha, y es justamente esta propuesta la que se vota este domingo, con pocas probabilidades de ser aprobada, según todas las encuestas.
Normas polémicas
¿Pero por qué las encuestas son tan poco auspiciosas con esta segunda propuesta constitucional? Lo cierto es que este anteproyecto elaborado por el Consejo Constitucional ha recibido diversas críticas no sólo desde la izquierda, sino también de organizaciones feministas, agrupaciones de derechos humanos, sindicatos de trabajadores, grupos medioambientalistas, profesores de derecho constitucional y hasta expertos tributarios. He aquí algunas de sus normas más polémicas:
Aborto
La nueva propuesta constitucional asegura a todas las personas el derecho a la vida e indica que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Esa mención, aunque muy similar, contiene un matiz a la de la Carta Magna vigente, en donde se recoge que “la ley protege la vida del que está por nacer”.
Eliminación del impuesto a la vivienda
A pesar de tratarse de una enmienda popular, los datos demuestran que la gran mayoría de los chilenos no paga este impuesto, y quienes lo hacen son -por lo general- las propietarios de más altos ingresos.
«Esta sería una medida muy regresiva, y por regresiva se entiende que beneficiaría mucho a las personas de altos ingresos. Recordemos que tan solo un 23% de las propiedades pagan contribuciones (…) las propiedades más caras de chile están dentro de este 23%», advierte el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica Kenzo Asahi.
Presos por delitos de lesa humanidad
Con votos a favor del Partido Republicano y Chile Vamos se aprobó la enmienda que indica que “las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos han alertado que esta enmienda iría en directo beneficio de los reos de Punta Peuco, quienes se encuentran cumpliendo penas por delitos de lesa humanidad. Lo anterior debido a que 153 de los 265 presos mayores de 75 años que hoy cumplen penas en el país están condenados por violaciones a los derechos humanos.
Limitaciones al derecho a huelga
Una de las enmiendas aprobadas establece que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, o a la economía o seguridad del país. La ley establecerá́ los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición del presente literal”.
Otra modificación enmarcó la huelga solo en el marco de la negociación colectiva: mientras el anteproyecto de la Comisión Experta establecía que «esta comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga”, la derecha reemplazó la última frase por la siguiente «y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva».
Constitucionalización del Sistema de Salud y Previsional
La propuesta constitucional también consagra la denominada “libertad de elegir” en todas las prestaciones sociales. En salud, esto se plasma en el artículo que señala que “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.
Sin embargo, el oficialismo ha denunciado que esta norma, en la práctica, consolidaría el modelo de salud privado (Isapres) a nivel constitucional.
Algo similar ocurre en el sistema previsional. Otra enmienda aprobada por Republicanos y Chile Vamos señala que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.
Y si bien la propiedad exclusiva de los trabajadores sobre sus fondos de pensiones es una demanda sentida por la ciudadanía, expertos señalan que esto impediría generar mecanismos «solidarios» o de reparto en el actual modelo previsional, lo que dejaría intocable el sistema privado de pensiones.
