Santo Domingo. – El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, Cristian Rojas, reveló que de 70,000 construcciones que se realizaron en el país en el año 2022, solo 1500 fueron legales, lo que consideró un verdadero problema que hay que erradicar.
Rojas dijo que esta información fue ofrecida en el recién finalizado congreso “Terremoto y Vulnerabilidad”, llevado a cabo en la zona turística de Bávaro, con la participación de 13 expositores, donde se dieron a conocer datos sobre la cantidad de construcciones ilegales en el país.
Al participar en un programa nacional, donde estuvieron presentes el ex presidente del CODIA, José Espinosa y el experto en asuntos municipales Waldy Taveras, se habló de las construcciones ilegales, la falta de supervisión para prevenirlas, y del informe que revela el 95 por ciento de las construcciones del país son ilegales, poniendo como ejemplo el caso del derrumbe del edificio en La Vega.
En el país las instituciones públicas tienen su departamento de ingeniería, supervisión y fiscalización, Rojas hizo referencia en que las escuelas construidas en décadas anteriores donde no fueron con las normas sísmicas, razón por la que ocurren colapso de algunas de ellas.
Indicó que los grandes problemas están en el sector informal y sector privado, aludiendo a construcciones que le construyen cuatro y cinco niveles, cuando tiene permiso para dos.
Rojas, en el panel de entrevista, habló del proceso que se lleva para adquirir la licencia de construcción y explicó que es un procedimiento que conlleva varias supervisiones de diferentes entidades.
Puso de ejemplo que hay casos de hoteles en la zona este del país, que se le otorga un permiso de construcción y antes de que se apruebe la licencia, están construidos y en operación, sin supervisión de la obra.
En torno a la seguridad en las construcciones de obras Rojas dijo, que el ingeniero civil da garantía y seguridad, el ingeniero trabaja en base a presupuesto, los maestros constructores no saben hacer presupuestos y no saben construir con las normas del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de la vivienda.
A quienes infrinjan la ley 62-00 del CODIA, establece prisión desde 10 días hasta 6 meses por uso ilegal de la ingeniería, sea al propietario o quien esté realizando la construcción.
